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El relevo de Isabel Urrutia por Sáez Bereciartu no desbloquea la negociación del convenio del personal laboral

Los sindicatos denuncian que el Gobierno de Cantabria no convoca una nueva reunión desde el 9 de noviembre, pese a que el nuevo consejero de Presidencia anunció que intensificaría las conversaciones para cerrar el acuerdo antes de final de año
Trabajadores y representantes sindicales durante la asamblea del personal laboral del Gobierno de Cantabria celebrada en el CIMA de Torrelavega
El comité de empresa del Gobierno de Cantabria celebra una asamblea en el CIMA de Torrelavega para abordar la negociación del IX Convenio Colectivo. | Fuente: UGT Cantabria

La negociación del IX Convenio Colectivo del personal laboral del Gobierno de Cantabria continúa sin avances desde el pasado 9 de noviembre. El comité de empresa, integrado por UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, SUC y delegados independientes, ha expresado su «sorpresa y preocupación» por la ausencia de nuevas convocatorias, después de que la Administración trasladara en las últimas reuniones la necesidad de alcanzar un acuerdo cuanto antes para poder tramitar los compromisos económicos previstos.

La situación llega después del relevo al frente de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa. Isabel Urrutia dejó el departamento para encabezar la candidatura del PP al Congreso por Cantabria en las elecciones generales del 29 de noviembre y fue sustituida por Juan Ignacio Sáez Bereciartu, hasta entonces director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo.

El nuevo consejero anunció el 28 de octubre, pocos días después de asumir el cargo, que intensificaría las negociaciones con los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año. También señaló que el proyecto de presupuestos de 2027 contemplaba un millón de euros para mejorar las condiciones laborales y dar cobertura al convenio que se alcanzase.

Sin embargo, el comité de empresa asegura que no ha vuelto a ser convocado desde el 9 de noviembre. Los sindicatos consideran «llamativa» esta paralización porque, según explican, en los dos últimos encuentros la propia Administración había insistido en la urgencia de cerrar el acuerdo para hacer efectivo el pago de los tres millones de euros comprometidos para el presente ejercicio.

«No se entiende que después de trasladar esa urgencia, sea ahora la propia Administración quien no convoque nuevas reuniones para avanzar hacia un acuerdo», trasladaron los portavoces sindicales durante una asamblea celebrada en el CIMA de Torrelavega.

Una negociación marcada por los cambios en Presidencia

La salida de Urrutia hacia la candidatura al Congreso y la incorporación de Sáez Bereciartu han coincidido con la fase final de una negociación que los sindicatos ya reclamaban acelerar desde septiembre. En aquel momento, la comisión negociadora señaló que era necesario cerrar el convenio entre finales de octubre y principios de noviembre para garantizar el abono de las cantidades correspondientes a este año.

En esas conversaciones, la parte sindical también informó de que la Administración había elevado a cinco millones de euros su compromiso de financiación del IX Convenio, con un reparto previsto en tres anualidades.

El Gobierno había defendido anteriormente que no existía un bloqueo en la negociación y que las conversaciones habían avanzado con normalidad, atribuyendo los principales retrasos a discrepancias sobre la composición de la mesa negociadora. El nuevo responsable de Presidencia, por su parte, había anunciado su intención de dar continuidad a los proyectos pendientes y acelerar el acuerdo.

Los sindicatos denuncian posibles presiones en los centros de trabajo

Además de la falta de avances en el convenio, el comité ha trasladado su preocupación por determinadas actuaciones que, según asegura, se habrían producido en algunos centros durante la jornada de la asamblea. Aunque la salida de los trabajadores para asistir al encuentro se desarrolló con normalidad en la mayoría de las instalaciones, los representantes sindicales afirman que en algunos centros se habría tomado nota de las personas que acudían.

El órgano sindical considera que esta práctica debe aclararse y advierte de que no puede utilizarse para presionar a quienes participan en una actividad sindical legítima.

Entre los episodios señalados, el comité destaca lo ocurrido en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de Santander, donde, según su denuncia, se habría dado la orden de impedir que el personal que acudió a la asamblea accediera al menú que consume habitualmente en el centro. Los representantes sindicales recuerdan que el tiempo dedicado a asistir a la reunión tiene la consideración de tiempo de trabajo a todos los efectos.

También aseguran que trabajadores del Servicio de Vías y Obras les trasladaron que se les había advertido de que no cobrarían la dieta correspondiente si acudían a la asamblea. El comité ha anunciado que consultará estos hechos con la Administración ante la posible interferencia en derechos laborales y sindicales.

«El comité de empresa no aceptará actuaciones que puedan interpretarse como medidas de presión, intimidación o represalia contra el personal que ejerce legítimamente su derecho de asistencia a este tipo de asambleas», advierte el comunicado.

Los sindicatos reiteran su disposición a negociar un IX Convenio Colectivo que mejore las condiciones laborales y retributivas del personal laboral del Ejecutivo autonómico, pero exigen que se convoque una nueva reunión sin más demoras.

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El comité de empresa del Gobierno de Cantabria celebra una asamblea en el CIMA de Torrelavega para abordar la negociación del IX Convenio Colectivo. | Fuente: UGT Cantabria