El Partido Popular de Cantabria ha respondido a las críticas del PSOE sobre la deducción fiscal para las víctimas de la talidomida incluida en la reforma tributaria del Gobierno regional para 2027. El portavoz y coordinador de los populares cántabros, Juan José Alonso, ha calificado de «vergonzoso» que los socialistas cuestionen una medida que, según ha defendido, responde a una petición expresa de la asociación nacional de afectados y permitirá beneficiarse a quienes trasladen su residencia a Cantabria.
La polémica se produce después de que la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, denunciara que la deducción anunciada por María José Sáenz de Buruaga no tiene actualmente beneficiarios reconocidos en la comunidad. La socialista consideró «incomprensible» que la presidenta presentase la iniciativa como una de las novedades de su reforma fiscal para 2027 cuando, en las circunstancias actuales, ningún afectado cántabro podría acogerse a ella. Quiñones acusó al Ejecutivo de utilizar la situación de las víctimas para hacer «propaganda» y vinculó el anuncio a lo que considera una falta de planificación del Gobierno regional.
Una reivindicación que viene de años atrás
El enfrentamiento político tiene como trasfondo una reivindicación estatal de las víctimas de la talidomida: que las ayudas públicas que reciben por los daños causados por el medicamento queden exentas de tributación en el IRPF. Las compensaciones están reguladas por el Real Decreto 574/2023, que establece ayudas para las personas afectadas en España durante el periodo comprendido entre 1950 y 1985. La tributación de esas cantidades ha sido objeto de reclamaciones por parte del colectivo, que considera que el pago de impuestos reduce el alcance de unas ayudas destinadas a compensar las consecuencias de las malformaciones.
El PP ya presentó en octubre de 2024 una proposición de ley en el Congreso para establecer la exención fiscal de estas ayudas. La iniciativa planteaba modificar la Ley del IRPF para que las cantidades percibidas por las personas afectadas quedasen exentas. Sin embargo, la tramitación no llegó a culminar y la asociación AVITE volvió a reclamar en octubre de 2026 una solución urgente al Gobierno central mediante un real decreto ley, después de que la disolución de las Cortes hiciese decaer la iniciativa parlamentaria.
En ese contexto, el Gobierno de Cantabria ha incorporado una deducción autonómica para las personas afectadas por la talidomida a su propuesta de reforma fiscal para 2027. La medida forma parte de un paquete anunciado por Buruaga el pasado 27 de octubre, que incluye también la deflactación del 5% de la tarifa autonómica del IRPF y nuevas deducciones en ámbitos como la dependencia, la prevención de incendios forestales y la inversión empresarial. La reforma debe incorporarse al proyecto de Ley de Medidas Fiscales para el próximo ejercicio y completar su tramitación parlamentaria.
El PP asegura que la medida responde a una petición de la asociación
Alonso ha explicado que el Gobierno regional recibió una carta del presidente de la asociación nacional de víctimas de la talidomida en la que solicitaba una bonificación en la parte autonómica del IRPF por las ayudas recibidas, con efectos retroactivos desde 2023. Según el portavoz popular, el Ejecutivo se comprometió a atender esa petición y ha defendido que la deducción responde a una reivindicación trasladada directamente por el colectivo.
El dirigente del PP ha reconocido que actualmente no hay víctimas reconocidas legalmente en Cantabria, pero ha añadido que la medida también podrá beneficiar a las personas afectadas que decidan trasladar su residencia a la comunidad autónoma. «Aunque hoy no haya víctimas reconocidas oficialmente en Cantabria, aprobar esta medida es una decisión social que protege a quienes puedan venir a vivir aquí», ha señalado.
Alonso ha vinculado además la iniciativa al compromiso del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el colectivo. Según ha recordado, Feijóo trasladó su apoyo a las víctimas y su intención de impulsar el desbloqueo en el Senado de la proposición de ley que contempla la exención fiscal de estas ayudas. El portavoz popular ha aprovechado este argumento para reprochar al PSOE que critique una medida del Gobierno cántabro mientras, a su juicio, el Ejecutivo central no ha resuelto la cuestión.
«El Gobierno central ha tenido la oportunidad de hacerlo y no ha querido», ha afirmado Alonso, que ha considerado «incomprensible que el PSOE ataque al Gobierno de Cantabria del Partido Popular por atender una reivindicación de las propias víctimas, en lugar de respaldar una medida que busca ayudarlas». También ha acusado a los socialistas de actuar con «nula sensibilidad» y ha asegurado que «Casares y los suyos demuestran que son sanchismo en estado puro».
Por su parte, Quiñones había acusado al Gobierno de Buruaga de anunciar una deducción sin beneficiarios actuales en Cantabria y de presentar como un avance fiscal una medida que, según el PSOE, no puede tener aplicación práctica para los afectados que residen en la comunidad. La portavoz socialista reclamó «respeto, reconocimiento y soluciones efectivas» para las víctimas y calificó el anuncio de «propaganda» en el marco de la reforma fiscal regional.

