El PSOE de Santander ha dado un nuevo paso en su oposición al cierre de los Jardines de Pereda por la instalación del recinto navideño Navilia Light Park. El portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, ha registrado un requerimiento formal ante el Ayuntamiento para exigir la paralización del vallado y del cobro de entradas, al considerar que existen dudas sobre la cobertura administrativa de una actuación que afecta a unos 8.000 metros cuadrados de jardines públicos.
La iniciativa llega después de varios días de críticas y reclamaciones por parte de los socialistas. El pasado 12 de noviembre, el PSOE anunció que llevaría al próximo Pleno una propuesta para garantizar la entrada gratuita durante todo el periodo de apertura a las personas empadronadas en Santander y a todos los menores de 18 años, con independencia de su municipio de residencia. La formación cuestionaba entonces que las familias tuvieran que pagar diez euros por persona para acceder a una actividad instalada en un parque público de la ciudad.
Un día después, el 13 de noviembre, Fernández anunció que su grupo había solicitado el expediente íntegro de contratación y adjudicación a la empresa Chispas, además de los acuerdos, resoluciones, informes y autorizaciones que respaldasen la instalación. También reclamó la retirada de las vallas al entender que los pliegos no contemplaban expresamente el cierre de los jardines ni el cobro de una entrada. La alcaldesa, Gema Igual, defendió entonces que la actividad se enmarcaba en una licitación pública que incluía distintas propuestas navideñas y aseguró que el resto del parque permanecería accesible.
Las dudas sobre el contrato y el cobro de entradas
En el nuevo requerimiento, Fernández insiste en que los pliegos del contrato contemplan la iluminación, la decoración navideña y la realización de actividades en los Jardines de Pereda, pero no recogen expresamente la posibilidad de cerrar el recinto al público ni de cobrar por acceder a él. Por ello, reclama que el Ayuntamiento identifique la resolución administrativa que autoriza el vallado y el establecimiento de tarifas, así como los informes jurídicos y técnicos que respaldan esa decisión.
El portavoz socialista recuerda que el contrato fue adjudicado a la empresa Chispas por un canon anual de 20.000 euros y que únicamente se presentó una oferta a la licitación. «La señora Igual tiene que explicar a los santanderinos dónde está escrito que una empresa privada puede cerrar 8.000 metros cuadrados de jardines públicos y cobrarles 10 euros por entrar. Porque nosotros hemos revisado los pliegos y esa autorización no aparece expresamente por ninguna parte», ha señalado.
Fernández también cuestiona si las condiciones de explotación comercial que ahora se aplican estaban previstas desde el inicio del procedimiento o si fueron autorizadas posteriormente. «Estamos hablando de una empresa que paga 20.000 euros al año por una autorización municipal y que ahora pretende cobrar 10 euros a cada persona que quiera entrar en una parte de los jardines. Y la pregunta es bastante evidente: ¿sabían las demás empresas que podían hacer este negocio cuando se convocó el concurso? ¿Estaba contemplado desde el principio o se ha permitido después?», ha planteado.
El dirigente socialista considera que el Ayuntamiento debe aclarar qué condiciones conocían las empresas que pudieron concurrir al contrato y qué autorización permite limitar el acceso a una zona verde municipal. «No estamos hablando de si nos gustan más o menos las luces de Navidad. Estamos hablando de cómo se utiliza el espacio público, de cómo se adjudican los contratos municipales y de si las reglas son iguales para todo el mundo», ha subrayado.
Amenaza con acudir a los tribunales
A través del escrito registrado, el PSOE reclama la suspensión preventiva del cerramiento y de las restricciones de acceso mientras se comprueba su adecuación a la autorización municipal. Si no existe cobertura administrativa suficiente, exige que se restablezca el uso público de los jardines. El documento advierte además de que, si el vallado se ejecuta sin un título administrativo que lo ampare, podría constituir una actuación por vía de hecho y abrir la puerta a acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Fernández justifica la urgencia de la petición en la proximidad de la apertura del parque navideño, prevista para el 4 de diciembre, y sostiene que una respuesta municipal cuando haya terminado la actividad llegaría demasiado tarde. «Hemos pedido una respuesta urgente porque no tendría ningún sentido que el Ayuntamiento nos diera la razón cuando ya hubiera terminado la Navidad y los jardines llevaran semanas cerrados. Lo que queremos es evitar que se produzca una situación que después sea imposible reparar», ha explicado.
La alcaldesa defendió el pasado viernes que el precio general de diez euros era «acorde a la media» de este tipo de espectáculos y recordó que existen tarifas bonificadas para los residentes en Santander durante parte del periodo de apertura. También sostuvo que el Ayuntamiento no aporta dinero a la iniciativa y que la empresa adjudicataria asume la inversión. Sobre el espacio afectado, aseguró que solo se ha vallado una parte de los Jardines de Pereda y que el parque seguirá siendo accesible.
El PSOE, por su parte, insiste en que no se opone a la celebración de actividades navideñas, sino a que se restrinja el acceso a un espacio público sin que, a su juicio, se haya acreditado la autorización necesaria. «Queremos una Navidad con luces, con actividades, con niños disfrutando y con gente llenando nuestras calles. Pero no aceptamos que para conseguirlo haya que cerrar unos jardines que son de todos y poner una taquilla en la entrada», ha afirmado Fernández.
El portavoz socialista ha reclamado a Gema Igual que responda al requerimiento antes de que se consolide el cierre y ha resumido la posición de su grupo en dos alternativas: acreditar la autorización para vallar los jardines y cobrar por acceder o paralizar la actuación. «Lo que no puede hacer es actuar como si los Jardines de Pereda fueran suyos. Porque no son de la alcaldesa, ni de ninguna empresa. Son de los santanderinos», ha concluido.

