La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido cerca de 800 juguetes en Potes por incumplir diferentes normativas relacionadas con el consumo y el contrabando. Entre los productos retirados, unos 260 figuraban en la Red de Alertas Nacional de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por presentar riesgos para los niños.
La actuación fue realizada por las Patrullas Fiscales y de Fronteras durante la pasada feria de Todos los Santos, en el marco de las inspecciones efectuadas en los puestos de venta ambulante de la localidad. Los agentes localizaron importantes cantidades de juguetes en tres establecimientos, principalmente figuras de goma de diferentes formas que estaban expuestas para su comercialización.
Una parte de los productos intervenidos aparecía en la Red de Alertas Nacional de Consumo, que había interesado su retirada del mercado por los riesgos que podían suponer para los menores. Se trata de figuras que contienen en su interior una bola rellena de algún tipo de líquido o gel, cuyo contenido puede resultar peligroso en caso de ingesta accidental.
Deficiencias en el etiquetado y posible contrabando
Durante las inspecciones, los agentes detectaron diferentes irregularidades en los juguetes. Entre ellas, la falta de información y etiquetado obligatorio, la ausencia de identificación del fabricante o de una marca comercial registrada y la falta de advertencias e instrucciones de seguridad redactadas en castellano.
También observaron deficiencias en la información que debe facilitarse a los consumidores sobre las características esenciales de los productos y el cumplimiento de los requisitos de etiquetado establecidos en la normativa de seguridad de los juguetes.
Además, los responsables de los puestos no pudieron acreditar documentalmente la procedencia de la mercancía ni presentar las correspondientes facturas. Esta circunstancia llevó a los agentes a considerar que los productos podrían proceder de terceros países y que los hechos podrían constituir infracciones de contrabando.
Por estos motivos, la Guardia Civil ha elaborado los correspondientes informes-denuncia, que han sido remitidos a las autoridades competentes de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.
