La candidata del Partido Popular de Cantabria al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha reclamado la reapertura de los calabozos de Castro-Urdiales, que permanecen cerrados desde hace más de dos años debido al estado de sus instalaciones. La petición se ha producido tras una reunión con abogados y procuradores del municipio, en la que se abordaron distintas cuestiones relacionadas con la seguridad y el funcionamiento de la Administración de Justicia en el partido judicial.

Según ha explicado Urrutia, el cierre de estas dependencias obliga a trasladar a los detenidos a los municipios de Laredo o Santander para realizar las correspondientes diligencias. Esta circunstancia, ha señalado, supone desplazamientos adicionales para los efectivos de la Guardia Civil y los profesionales de la abogacía que intervienen en los procedimientos.

La candidata popular también ha advertido de que estos traslados pueden reducir temporalmente la presencia de patrullas en Castro-Urdiales, al tener que destinar parte de los efectivos al acompañamiento de los detenidos hasta otras localidades.

Asimismo, ha indicado que, mientras permanecen cerrados los calabozos, los detenidos deben compartir la sala de espera del cuartel con otras personas que acuden a realizar gestiones. Una situación que, según Urrutia, puede generar problemas de seguridad, especialmente cuando se trata de personas detenidas que presentan comportamientos agresivos.

Ante este escenario, la dirigente del PP ha pedido al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y a la alcaldesa de Castro-Urdiales, Susana Herrán, que alcancen un acuerdo para acometer las actuaciones necesarias y recuperar el funcionamiento de estas instalaciones.

Urrutia ha reclamado que ambas administraciones dejen de discutir sobre el reparto de competencias y acuerden una solución para la remodelación de los calabozos. Además, ha criticado la falta de avances durante los últimos años y ha cuestionado la gestión de Casares y Herrán en este asunto.

Los profesionales de la Justicia piden revisar la Ley de Eficiencia

Durante el encuentro, los abogados y procuradores también trasladaron a Isabel Urrutia sus preocupaciones sobre la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ley Bolaños.

Entre sus reivindicaciones, solicitaron al Partido Popular que revise aquellos aspectos de la normativa que, a su juicio, pueden ralentizar los procedimientos judiciales y dificultar el funcionamiento de la Justicia.

En concreto, plantearon la necesidad de unificar los criterios de aplicación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), modificar las excepciones a la obligatoriedad de recurrir a estos mecanismos alternativos y elaborar un estatuto de la tercera persona neutral que cuente con la participación efectiva de los distintos profesionales del sector.

Por su parte, Urrutia señaló estas cuestiones como algunos de los aspectos que considera necesario revisar. La candidata, que fue consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, también agradeció el trabajo de los profesionales y empleados de la Administración de Justicia durante el proceso de adaptación a la nueva normativa.