La secretaria de Igualdad del PRC, Vanesa Montes, ha reclamado al Gobierno de Cantabria que cumpla su compromiso y ponga en marcha los recursos de atención psicológica y social destinados a las víctimas de violencia de género del medio rural. La regionalista también exige activar el Observatorio Estadístico de Igualdad Rural, otra de las iniciativas incorporadas al presupuesto autonómico de 2026 a propuesta de su formación.

Ambas medidas fueron incluidas mediante dos enmiendas del PRC por un importe conjunto de 70.000 euros. Montes ha pedido al Ejecutivo que las desarrolle «sin demora» para garantizar que las mujeres que viven en los pueblos tengan acceso a los mismos recursos que las residentes en las zonas urbanas.

Un equipo móvil para atender a las víctimas

La primera iniciativa cuenta con una partida de 50.000 euros para crear un equipo itinerante integrado por una psicóloga y una trabajadora social. El servicio visitaría periódicamente los municipios rurales que no disponen de estos profesionales de manera permanente, acercando así la atención especializada a las mujeres que la necesiten.

Montes ha advertido de que la dispersión geográfica, las dificultades de transporte y la distancia respecto a los recursos especializados pueden convertirse en obstáculos adicionales para las víctimas.

«Una mujer que vive en un pueblo pequeño tiene que contar con la misma protección y los mismos recursos que otra que reside en Santander o Torrelavega», ha defendido. A su juicio, las mujeres no deben afrontar barreras añadidas para recibir la atención que necesitan.

Un observatorio para detectar desigualdades

La segunda medida contempla 20.000 euros para crear el Observatorio Estadístico de Igualdad Rural, que permitiría analizar las diferencias entre municipios en ámbitos como el empleo, el acceso a recursos, la violencia de género y la fijación de población.

La propuesta del PRC incluye la participación del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) para disponer de datos desagregados por municipios, medir la brecha de género e identificar las principales desigualdades.

Montes considera que esta información resulta necesaria para diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades de cada territorio. «Hay que conocer la realidad de las mujeres de los pueblos para diseñar políticas eficaces que respondan a sus necesidades y no dejar que las desigualdades permanezcan invisibles», ha señalado.

La secretaria de Igualdad ha defendido que ambas iniciativas son complementarias, al combinar la atención directa a las víctimas con la recopilación de información para orientar las políticas públicas. También ha subrayado que su coste presupuestario es reducido en comparación con el avance que, a su juicio, pueden suponer para la igualdad en el medio rural.

«La igualdad no puede quedarse en discursos y buenas intenciones», ha concluido, antes de instar al Gobierno a garantizar que ninguna mujer tenga menos derechos ni menos protección por vivir en un pueblo.