La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado una nueva batería de rebajas fiscales que incluye la deflactación del 5% de la tarifa autonómica del IRPF, los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas. El Gobierno regional calcula que la actualización beneficiará a más de 246.000 contribuyentes y supondrá un ahorro de 25,2 millones de euros, aunque su aplicación dependerá de la tramitación y aprobación de las medidas legislativas correspondientes.
El anuncio llega en un escenario de incertidumbre parlamentaria, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027. El PP gobierna Cantabria con 15 de los 35 diputados del Parlamento regional, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que necesita apoyos externos para aprobar sus iniciativas. La propia Buruaga reconoció en septiembre que las perspectivas de acuerdo para las cuentas de 2027 eran «muy limitadas» por el posicionamiento de los partidos ante la cita electoral, aunque aseguró que el Ejecutivo presentaría el proyecto presupuestario.
El precedente más reciente evidencia las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno. El primer proyecto de Presupuestos para 2026 fue rechazado en noviembre de 2025 después de que PRC, PSOE y Vox unieran sus votos para aprobar una enmienda a la totalidad. Las cuentas salieron adelante meses después, tras un acuerdo entre el PP y el PRC que permitió retomar la tramitación y aprobarlas en abril de 2026.
La nueva reforma fiscal se recogerá en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que el Ejecutivo prevé aprobar el viernes junto con los Presupuestos Generales de Cantabria para 2027. Buruaga ha defendido que las 35 rebajas fiscales aplicadas durante la legislatura han construido una «base sólida» para iniciar una segunda fase de reformas orientada, según ha explicado, a favorecer la economía doméstica, el acceso a la vivienda y el crecimiento empresarial.
Una deflactación del 5% del IRPF para más de 246.000 contribuyentes
La principal medida anunciada consiste en actualizar un 5% la tarifa autonómica del IRPF, los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas. El objetivo declarado por el Gobierno es evitar que la inflación provoque un aumento de la carga fiscal cuando los ingresos nominales crecen sin que necesariamente lo haga el poder adquisitivo de los contribuyentes.
Como ejemplo, el Ejecutivo ha explicado que el primer tramo autonómico, que tributa al 8,5%, pasará de aplicarse a rentas de hasta 13.000 euros a hacerlo hasta los 13.650 euros. También aumentarán un 5% las cantidades correspondientes a los mínimos personales y familiares y se elevarán los límites de renta para acceder a determinadas deducciones.
Según las estimaciones del Gobierno, la actualización permitirá que unos 9.000 contribuyentes adicionales puedan beneficiarse de deducciones relacionadas con gastos por enfermedad, ejercicio físico y práctica deportiva o la apertura de una cuenta vivienda. Buruaga ha señalado que esta medida se suma a la reforma de 2024 y que ambas habrán compensado, en conjunto, cerca de un 10% del efecto de la inflación durante la legislatura.
La presidenta también ha aportado datos sobre la evolución de la tributación desde la reforma anterior. Según las cifras facilitadas por el Ejecutivo, Cantabria cuenta con 23.422 declarantes más del IRPF que antes de la reforma de 2024, con 878 millones de euros más declarados y un incremento de 104 millones en la cuota líquida. Buruaga ha utilizado estos datos para defender la continuidad de su política fiscal.
Nuevas deducciones para facilitar el acceso a la vivienda
El segundo bloque de medidas se dirige a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. La propuesta elevará de 36 a 40 años la edad límite para aplicar las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, adquisición de vivienda y aportaciones a una cuenta vivienda.
Además, se reforzarán los incentivos vinculados al ahorro para comprar una vivienda y a su adquisición, con un aumento de la cantidad deducible hasta los 1.500 euros durante un periodo de diez años. Buruaga ha defendido que estas medidas buscan facilitar que más personas puedan convertirse en propietarias y ha situado la vivienda entre las prioridades de la nueva fase de la reforma fiscal.
Más incentivos para empresas, inversión y nuevos residentes
La propuesta también contempla cambios en el IRPF para atraer inversión y favorecer el crecimiento empresarial. El porcentaje de deducción por inversión en nuevas empresas se duplicará del 15% al 30%, con un límite de 6.000 euros. Para las pequeñas y medianas empresas innovadoras y las compañías participadas por universidades u organismos de investigación, la deducción alcanzará el 45%, con un máximo de 9.000 euros.
Asimismo, se reforzarán las deducciones por gastos de traslado y permanencia de nuevos residentes en Cantabria, que podrán alcanzar el 40% de los gastos, con un límite de 5.000 euros. La medida se dirigirá a determinados perfiles, entre ellos menores de 36 años, personas retornadas y profesionales vinculados a sectores prioritarios como la innovación, las empresas de base tecnológica y los proyectos empresariales estratégicos.
Otra de las novedades afecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con la creación de un tipo reducido del 7% para determinadas operaciones inmobiliarias vinculadas a la actividad económica. La medida se aplicará a la compra de inmuebles destinados a usos productivos en polígonos industriales, parques empresariales y centros tecnológicos, siempre que se mantengan la actividad y el domicilio fiscal en Cantabria durante cinco años y se incremente y conserve la plantilla durante al menos tres años.
El tipo del 7% también se aplicará a inmuebles adquiridos para iniciar una nueva actividad económica en la comunidad, con el compromiso de mantenerla durante cinco años y contratar al menos a una persona a jornada completa, así como a determinadas adquisiciones realizadas por beneficiarios de ayudas al autoempleo. La reforma extenderá este tratamiento a inmuebles incluidos en transmisiones de empresas individuales o negocios profesionales, con la intención de facilitar el relevo generacional y favorecer la continuidad de los negocios familiares.
Tipos reducidos para el medio rural y nuevas deducciones familiares
La propuesta incorpora un tipo reducido del 4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados inmuebles situados en municipios afectados por riesgo de despoblamiento. Ese mismo tipo se extenderá a las transmisiones de fincas rústicas vinculadas a explotaciones forestales activas, con el objetivo declarado de apoyar la actividad económica rural y el sector forestal.
El paquete fiscal incluye también tres nuevas deducciones. Una estará dirigida a los gastos en residencias de atención permanente y centros de día para mayores de 65 años que no reciban prestaciones del sistema de atención a la dependencia para la misma finalidad. Otra permitirá deducir gastos destinados a la prevención de incendios en terrenos forestales por parte de sus propietarios.
La tercera nueva deducción se dirigirá a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo comprendido entre 1950 y 1985. Buruaga ha presentado estas medidas como parte del objetivo del Ejecutivo de ampliar el apoyo fiscal a las familias y atender situaciones específicas.
Una reforma pendiente de la negociación parlamentaria
La presidenta ha comparecido junto al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y ha defendido que la política fiscal debe servir no solo para recaudar, sino también para favorecer la competitividad, la inversión y la creación de empleo. Según Buruaga, las nuevas medidas buscan que Cantabria pueda competir con otros territorios por la llegada de empresas, profesionales y centros de decisión.
Sin embargo, el anuncio no equivale a la entrada en vigor de las rebajas. El Ejecutivo debe aprobar los proyectos legislativos y afrontar su tramitación parlamentaria, en una Cámara donde el PP necesita negociar con otros grupos para conseguir los apoyos suficientes. El acuerdo presupuestario alcanzado con el PRC para 2026 demuestra que esos pactos son posibles, aunque el escenario preelectoral y las dificultades reconocidas por la propia presidenta dejan abierta la negociación para el próximo ejercicio.
La reforma fiscal se convierte así en una de las principales propuestas económicas del Gobierno de cara a 2027, pero su alcance definitivo dependerá de la evolución de las negociaciones y del resultado de la tramitación legislativa.

