El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha asegurado en el Parlamento que las 3.140 viviendas previstas como protegidas en el PSIR Bosques de Santander tendrán las mismas condiciones que las viviendas de protección oficial que construye la Administración autonómica o cualquier promotor privado. La aclaración se ha producido durante una interpelación de Vox en la que Leticia Díaz ha reclamado garantías jurídicas sobre el régimen de los pisos, los criterios para adjudicarlos y el coste real de las infraestructuras que contempla el proyecto urbanístico.

Díaz ha advertido de que no es lo mismo una vivienda de protección oficial que una vivienda a precio asequible y ha pedido al Gobierno que concrete las condiciones que impedirán que el desarrollo acabe convirtiéndose en una operación destinada a compradores con mayor capacidad económica o a inversores externos. Media ha respondido que las viviendas estarán sujetas a las limitaciones establecidas por la Dirección General de Vivienda y ha recordado que la normativa fija un mínimo del 30 % de VPO en los PSIR que incluyan vivienda privada, mientras que, según ha defendido, en este proyecto el porcentaje alcanzará el 40 %.

La diputada de Vox ha cuestionado que el Ejecutivo haya presentado el proyecto sin despejar, a su juicio, las principales incertidumbres jurídicas y financieras. Aunque ha defendido la construcción de vivienda, la iniciativa privada y la colaboración público-privada, ha rechazado que se conceda un cheque en blanco al promotor y ha reclamado más información sobre las condiciones que deberá cumplir el desarrollo.

Vox reclama garantías para jóvenes y familias cántabras

Leticia Díaz ha advertido de que el PSIR contempla unas 7.850 viviendas en un área de gran valor urbanístico entre Santander y Santa Cruz de Bezana. A su juicio, la declaración de interés regional y la posibilidad de recurrir a expropiaciones obligan a extremar las garantías para los propietarios afectados y para quienes aspiran a acceder a las futuras viviendas.

La portavoz de Vox ha reclamado que se establezcan por ley requisitos que favorezcan el acceso de jóvenes y familias trabajadoras de Cantabria, entre ellos criterios de empadronamiento previo o arraigo. Ha advertido de que, sin esas garantías, el proyecto podría terminar favoreciendo la inversión externa o la adquisición de viviendas como segunda residencia, mientras los jóvenes de la comunidad continúan encontrando dificultades para emanciparse.

Media ha rechazado esas dudas y ha sostenido que las viviendas se adjudicarán a quienes cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno de Cantabria. El consejero ha defendido que las 3.140 VPO estarán sujetas al régimen de protección correspondiente y ha acusado a Vox de generar incertidumbre sobre un proyecto que, según ha afirmado, busca responder al problema de acceso a la vivienda.

La discusión ha girado también en torno a la diferencia entre vivienda protegida y vivienda a precio asequible. Díaz ha señalado que las declaraciones públicas sobre el proyecto han utilizado ambas fórmulas sin aclarar, a su juicio, si se trata de categorías distintas o de condiciones que se suman. Media, por su parte, ha insistido en que las viviendas anunciadas como protegidas tendrán las mismas limitaciones que las VPO promovidas por otras administraciones o empresas privadas.

La Ciudad de la Justicia y el coste para las arcas públicas

La segunda pregunta de Vox se ha centrado en la fórmula jurídica y financiera prevista para construir la Ciudad de la Justicia. Díaz ha pedido al consejero que detalle si el edificio se levantará mediante una cesión vinculada al aprovechamiento urbanístico, qué régimen de titularidad tendrá y si el acuerdo puede implicar cánones de mantenimiento, concesiones o pagos a largo plazo por parte de la Administración.

Media ha respondido que, si se aprueba el PSIR, el promotor construirá y pagará íntegramente el edificio y lo entregará al Gobierno de Cantabria en propiedad. El consejero ha defendido que la operación permitirá disponer de unas instalaciones adecuadas para la Administración de Justicia sin coste directo de construcción para las arcas autonómicas, y ha cifrado la superficie prevista en cerca de 30.000 metros cuadrados.

Díaz ha cuestionado que pueda hablarse de una operación «a coste cero» sin explicar el conjunto de sus contrapartidas. La diputada ha sostenido que el desarrollo urbanístico debe evaluarse teniendo en cuenta el valor de los aprovechamientos que recibiría el promotor y las afecciones que podría provocar sobre los terrenos y las viviendas existentes. También ha reclamado documentación técnica y económica que permita conocer las condiciones de la operación antes de que avance su tramitación.

El consejero ha replicado que el proyecto todavía debe someterse al procedimiento administrativo correspondiente y que los funcionarios autonómicos comprobarán su cumplimiento de la legislación del suelo y de simplificación administrativa. Ha defendido que el Gobierno actuará conforme a los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante la tramitación.

Vox cuestiona la valoración del parque litoral

La tercera cuestión planteada por Díaz se ha referido a los 650.000 metros cuadrados de litoral que, según el planteamiento presentado por el Gobierno, pasarían a uso público y forman parte del retorno social atribuido al proyecto, valorado en 320 millones de euros. La diputada ha preguntado qué entidad independiente ha certificado esa tasación y ha cuestionado que se presente como un activo económico una superficie que actualmente cuenta con protección urbanística y costera.

Díaz ha advertido de que la cesión del terreno también puede generar gastos futuros de conservación, limpieza, iluminación, vigilancia y mantenimiento de viales e infraestructuras. Por ello, ha reclamado que se cuantifique el coste que asumirían las administraciones y los ayuntamientos, en lugar de valorar únicamente la entrega del suelo como un beneficio para el interés general.

Media ha señalado que se trata de un proyecto presentado por una empresa privada y no ha identificado durante su respuesta a una entidad independiente que haya certificado la valoración de 320 millones. Ha defendido, no obstante, que el parque litoral permitirá poner a disposición de la ciudadanía una zona de especial protección y ha comparado su utilidad pública con la de otros espacios verdes urbanos.

El debate ha vuelto finalmente a las garantías del proyecto y a su impacto sobre los propietarios. Media ha reiterado que el Gobierno supervisará el cumplimiento de la legalidad durante la tramitación, mientras Vox ha reclamado más información sobre las condiciones de las viviendas, las contrapartidas urbanísticas y las obligaciones de mantenimiento que podrían derivarse del desarrollo.