El Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes la proposición no de ley de Vox sobre la repatriación de inmigrantes en situación irregular y otras medidas relacionadas con la inmigración y el acceso a la vivienda. La iniciativa, defendida por Leticia Díaz, ha obtenido únicamente los tres votos favorables de su grupo, frente a los 15 votos en contra del PSOE y el PRC y las 16 abstenciones del PP y el diputado no adscrito.
El debate ha estado marcado por el enfrentamiento entre Díaz y la portavoz socialista, Norak Cruz, quien ha acusado a Vox de utilizar las dificultades para acceder a una vivienda como argumento para señalar a la población inmigrante. Cruz ha recurrido a la expresión «manual del buen fascista» para describir la estrategia política que atribuye a la formación de Santiago Abascal y ha asegurado que su iniciativa convierte un problema social en una propuesta de exclusión.
La moción incluía diez medidas que Vox vincula a la crisis residencial y a las dificultades de emancipación de los jóvenes. Entre ellas figuraban la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la deportación de extranjeros que cometan delitos y la denominada «remigración» de quienes, según la formulación de la iniciativa, pretendan vivir de las ayudas sociales sin contribuir al sistema.
El texto también planteaba dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda social y protegida y a las ayudas públicas, establecer restricciones fiscales para determinados compradores extranjeros no comunitarios, reducir los impuestos asociados a la adquisición de la primera vivienda y facilitar la construcción mediante la liberación de suelo y la simplificación de los procedimientos administrativos.
El PSOE habla de «fascismo» y rechaza vincular inmigración y vivienda
Norak Cruz ha defendido que la iniciativa de Vox no se limita a proponer soluciones a la crisis de la vivienda, sino que incorpora medidas de expulsión y restricciones de derechos relacionadas con el origen de las personas. Durante su intervención, ha afirmado que, si se somete el texto al «termómetro de detección del fascismo», la temperatura resulta «alarmadamente extrema».
La socialista ha explicado que su crítica responde, a su juicio, a la estructura de la propuesta: partir de un problema que preocupa a la ciudadanía, atribuir su responsabilidad a un colectivo y presentar la expulsión como solución. También ha cuestionado los criterios con los que se decidiría qué extranjeros deberían ser repatriados por no contribuir al sistema o por mantener costumbres supuestamente incompatibles con las españolas.
Cruz ha rechazado que el acceso a la vivienda y a las ayudas públicas dependa de la nacionalidad y ha defendido que las políticas sociales deben atender a las necesidades económicas y a la vulnerabilidad de las familias. Asimismo, ha señalado la presión turística sobre el mercado residencial de Cantabria como uno de los factores que, en su opinión, contribuyen al encarecimiento de los alquileres.
La portavoz socialista ha reclamado al PP que aclarase su posición ante una iniciativa que, según ha advertido, combina propuestas sobre vivienda con medidas migratorias que su grupo considera excluyentes. Finalmente, el PSOE ha votado en contra de la moción.
Vox atribuye la crisis de la vivienda a la inmigración y a la falta de oferta
Leticia Díaz ha defendido que la llegada de nuevos residentes incrementa la demanda de vivienda en un mercado que, según ha sostenido, no construye suficientes inmuebles para responder a las necesidades existentes. La diputada ha asegurado que en los últimos cinco años han llegado a España aproximadamente cinco millones de personas y ha contrapuesto esa cifra al volumen de viviendas construidas durante el mismo periodo.
La representante de Vox ha acusado al Gobierno central de restringir la oferta residencial mediante su legislación y ha criticado tanto la Ley de Vivienda de 2023 como las políticas de alquiler. También ha defendido que los españoles tengan prioridad en el acceso a la vivienda protegida y a las ayudas públicas cuando los recursos sean limitados.
En su réplica, Díaz ha afirmado que su iniciativa se refiere a la inmigración irregular y ha acusado a sus adversarios de desvirtuar el contenido de la propuesta. Además, ha reivindicado la necesidad de construir más viviendas, reducir la fiscalidad sobre la primera compra y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
El PRC rechaza la prioridad nacional y el PP cuestiona el diagnóstico de Vox
La representante del PRC ha compartido la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, pero ha rechazado que la inmigración sea la principal responsable de la crisis. La formación regionalista ha señalado como factores relevantes la insuficiente construcción de vivienda protegida, el encarecimiento del suelo, la presión turística y las dificultades económicas de las familias.
El PRC ha defendido aumentar la oferta de vivienda pública y protegida, rehabilitar inmuebles vacíos y facilitar el acceso de los jóvenes a una residencia asequible. Aunque ha reconocido coincidencias con Vox en cuestiones como la simplificación administrativa y la revisión de determinadas cargas fiscales, ha rechazado respaldar el conjunto de una iniciativa que incluye medidas de expulsión y prioridad nacional.
Por su parte, el diputado popular Íñigo Fernández ha sostenido que el problema de la vivienda responde principalmente al desequilibrio entre oferta y demanda. Ha defendido que la inmigración puede contribuir a la economía y ayudar a compensar el envejecimiento demográfico, siempre que esté bien gestionada, y ha criticado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez por las restricciones que, a su juicio, afectan a la construcción y al mercado del alquiler.
Pese a sus discrepancias con el planteamiento migratorio de Vox, el PP se ha abstenido en la votación, al igual que el diputado no adscrito. La iniciativa ha quedado finalmente rechazada con tres votos a favor, 15 en contra y 16 abstenciones.
