El Gobierno de Cantabria ha presentado este viernes Cantabria Alquila, un programa con el que pretende incorporar viviendas vacías al mercado del alquiler mediante incentivos económicos y garantías para propietarios e inquilinos. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que el borrador del decreto regulador se publica hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y se someterá a un periodo de información pública de diez días, con la previsión de que la norma quede aprobada antes de finalizar el año.

La principal característica del programa es que el Ejecutivo autonómico asumirá la diferencia entre la renta de mercado que perciba el propietario y el alquiler asequible que pague el inquilino. Según ha explicado Buruaga, la cuota para los arrendatarios no superará el 30 % de los ingresos de su unidad de convivencia, mientras que los propietarios recibirán una renta fijada por GESVICAN, la empresa pública encargada de gestionar el programa.

La iniciativa busca movilizar parte de las aproximadamente 50.000 viviendas cerradas que, según las cifras manejadas por el Gobierno regional, existen en Cantabria. Para atraer estos inmuebles, el Ejecutivo ofrecerá pagos garantizados, anticipos de las rentas, compensaciones fiscales y ayudas para acondicionar las viviendas antes de incorporarlas al programa.

«No creemos que haya que elegir entre proteger al propietario o proteger al inquilino. Y mucho menos, enfrentarlos. Creemos que hay que proteger a ambos», ha defendido la presidenta, que ha definido Cantabria Alquila como un «auténtico escudo de protección» para las dos partes.

El propietario cobrará una renta de mercado durante siete años

Los propietarios de viviendas libres que se incorporen a Cantabria Alquila pasarán a formar parte del parque público durante un periodo de siete años. Desde el inicio recibirán una renta de mercado establecida por GESVICAN, incluso durante los seis primeros meses, aunque todavía no se haya formalizado un contrato de alquiler.

Durante ese periodo inicial, el Gobierno asumirá el riesgo de comercialización del inmueble. Una vez arrendada la vivienda, los pagos estarán garantizados por el Ejecutivo autonómico y se realizarán por adelantado y de forma semestral. «No solo garantizamos el cobro, adelantamos el cobro», ha destacado Buruaga durante la presentación.

GESVICAN también será responsable de adjudicar las viviendas a los solicitantes. El objetivo es que los propietarios reciban una renta de mercado mientras las familias acceden a un alquiler adaptado a su capacidad económica, sin que tengan que asumir una carga desproporcionada en relación con sus ingresos.

Para seleccionar a los arrendatarios, la empresa pública utilizará un sistema de baremación que el Gobierno define como transparente y objetivo. Podrán optar las unidades de convivencia cuyos ingresos no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). También se tendrán en cuenta la composición familiar, la presencia de menores, las personas con discapacidad y otras circunstancias de especial necesidad social o residencial.

Ayudas de hasta 12.000 euros para rehabilitar viviendas

El decreto incorpora incentivos económicos para los propietarios que necesiten realizar obras antes de poner sus inmuebles en alquiler. El Gobierno prevé conceder ayudas de hasta 12.000 euros para financiar el 100 % de las actuaciones de rehabilitación previas a la incorporación al programa, incluidos los gastos profesionales y los tributos asociados.

La medida pretende facilitar la entrada de viviendas que permanecen vacías porque necesitan una inversión para alcanzar las condiciones adecuadas. El Ejecutivo considera que estas ayudas pueden ampliar el número de inmuebles disponibles sin depender exclusivamente de la construcción de nuevas viviendas.

También se contemplan compensaciones para determinados gastos habituales de los propietarios. El programa cubrirá el 70 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con un máximo de 400 euros al año, y el 70 % de los gastos ordinarios de comunidad, hasta un límite de 50 euros mensuales.

Además, una vez finalizado el arrendamiento, los propietarios podrán acceder a ayudas de hasta 18.000 euros para financiar el 100 % de las actuaciones necesarias para devolver la vivienda a las condiciones en las que se encontraba cuando entró en el programa. Para determinar los trabajos necesarios se tendrá en cuenta el acta del estado inicial elaborada por GESVICAN.

El borrador se somete a información pública durante diez días

La publicación del decreto en el BOC abre un periodo de diez días para que propietarios, inquilinos, ayuntamientos, profesionales del sector inmobiliario, entidades sociales y otros ciudadanos presenten sus propuestas. El Gobierno sostiene que este trámite permitirá recoger aportaciones antes de aprobar definitivamente la regulación.

Buruaga ha defendido que el Ejecutivo quiere incorporar sugerencias para mejorar el funcionamiento del programa y ha contrapuesto este proceso a lo que considera una política de vivienda basada en la imposición. «Frente a la imposición y el unilateralismo, mi Gobierno cree en la escucha, la participación y el consenso», ha señalado.

El siguiente paso previsto es la firma de convenios de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas y AFICAN, la patronal de las inmobiliarias. Según el Gobierno, estas entidades podrán contribuir a captar viviendas vacías, generar confianza entre los propietarios y formalizar los contratos de quienes se incorporen al programa.

La norma todavía se encuentra en fase de borrador, por lo que sus condiciones definitivas dependerán de la tramitación y de la aprobación del decreto. El Ejecutivo espera que Cantabria Alquila pueda ponerse en marcha antes de terminar 2026.

El Gobierno cifra en 61 millones el presupuesto destinado a vivienda

Buruaga ha situado Cantabria Alquila dentro del conjunto de medidas impulsadas por su Gobierno para afrontar el problema de acceso a la vivienda. Según los datos facilitados por la presidenta, la comunidad destina este año 61 millones de euros a esta política, más del doble que en 2023.

Entre los resultados que ha destacado figuran las ayudas al alquiler que reciben 3.100 familias y las rebajas fiscales vinculadas a la vivienda, de las que, según el Ejecutivo, se han beneficiado 18.900 contribuyentes con un ahorro conjunto de 20,1 millones de euros. La presidenta también ha señalado que más de 7.500 jóvenes y personas pertenecientes a colectivos especiales han comprado una vivienda con un tipo reducido del 4 %, lo que les habría supuesto un ahorro de 8,9 millones.

En materia de vivienda pública, el Gobierno cifra en más de 300 los inmuebles que está construyendo en distintos puntos de Cantabria y prevé sumar otros 144 mediante la iniciativa privada.

La presidenta ha defendido que Cantabria Alquila permitirá complementar estas actuaciones al intentar recuperar para el mercado viviendas que permanecen cerradas. También ha criticado la legislación estatal en materia de alquiler, a la que atribuye parte de la inseguridad que, en su opinión, afrontan los propietarios.

El alcance real del programa dependerá de cuántos propietarios decidan incorporarse, del número de viviendas que puedan acondicionarse y de la demanda de alquiler asequible. Por el momento, el Gobierno ha presentado el diseño de la iniciativa y ha abierto el plazo para recibir aportaciones antes de su aprobación definitiva.