La Acampada de la Plaza Porticada ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Santander de despejar parte de este espacio público para instalar el tradicional pasadizo de Halloween y ha denunciado nuevas identificaciones policiales a sus participantes. Según el Sindicato de Vivienda de Cantabria, este miércoles se produjeron más de 20 identificaciones por parte de la Policía Nacional, que se sumarían a las realizadas anteriormente por la Policía Local. El colectivo defiende que existen alternativas para montar la instalación sin desplazar la movilización por el derecho a la vivienda.
La controversia se ha intensificado después de que el Ayuntamiento solicitara a la Delegación del Gobierno que despeje la zona ocupada por la acampada para comenzar los trabajos de montaje del pasadizo, previstos para este viernes 16 de octubre. Frente a esta petición, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado que la institución hará «prevalecer» los derechos de las personas acampadas sobre la celebración municipal.
«En democracia prevalece un derecho fundamental como el derecho a la libre expresión, el derecho de reunión y a la manifestación», afirmó Casares, quien considera que el pasadizo puede instalarse en otra zona de la propia plaza o en cualquier otro punto de Santander. El delegado aseguró que la Delegación velará por el cumplimiento de la ley y por la garantía de estos derechos.
La acampada propone instalar Halloween en otra zona de la plaza
En su respuesta al Ayuntamiento, la Acampada de la Plaza Porticada sostiene que este espacio público debe estar abierto a diferentes actividades y expresiones ciudadanas. Por ello, considera que existen otros enclaves dentro de la propia plaza donde podría instalarse el pasadizo sin necesidad de desalojar ni desplazar a quienes participan en la protesta.
«No entendemos que la solución planteada por el Ayuntamiento pase por despejar la zona ocupada por la movilización cuando existen alternativas que permitirían compatibilizar ambos usos», señala el colectivo en su comunicado. La acampada reivindica la plaza como un lugar de encuentro, organización y participación, y defiende que las celebraciones municipales pueden convivir con las movilizaciones ciudadanas.
Pedro Casares explicó que la Delegación del Gobierno comunicó al Ayuntamiento la solicitud de los manifestantes para mantener la acampada y le concedió un plazo de 24 horas para responder. Según el delegado, el Consistorio no contestó dentro de ese periodo, por lo que la institución dio por aceptada definitivamente la acampada.
El Sindicato de Vivienda denuncia más de 20 identificaciones
El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha cuestionado las declaraciones de Casares sobre la defensa del derecho de protesta y ha denunciado que la Policía Nacional identificó a integrantes de la acampada. En un vídeo difundido en redes sociales, el colectivo ironiza sobre la manera en que el delegado protege ese derecho: «Es curiosa la manera en que Pedro Casares protege el derecho de protesta: enviando a la Policía Nacional a identificar a toda la acampada».
En la grabación, una persona en representación del sindicato afirma que el Ayuntamiento de Santander ha autorizado identificaciones desde el inicio de la movilización y sostiene que Santander es la única ciudad en la que está ocurriendo. Según su testimonio, este miércoles se produjeron «más de 20 identificaciones más», esta vez por parte de la Policía Nacional, que se sumarían a las actuaciones de la Policía Local.
El colectivo vincula estas actuaciones con la reivindicación por el acceso a una vivienda digna y recuerda que, a su juicio, «el auténtico terror en Cantabria es no tener hogar». Estas afirmaciones forman parte de la denuncia del sindicato y no han sido contrastadas de forma independiente.
Por su parte, la acampada también denuncia lo que considera una dinámica de hostigamiento desde el comienzo de la movilización. Según sus integrantes, esta situación incluye identificaciones frecuentes y amenazas de posibles sanciones, unas actuaciones que, a su juicio, generan un clima de intimidación hacia quienes participan pacíficamente en la protesta.
Casares, por su parte, también ha acusado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de intentar obstaculizar la movilización. «No le gustan los manifestantes, no le gusta la democracia, no le gusta que la gente libremente exprese su derecho a reivindicar una vivienda digna», afirmó el delegado, que denunció supuestas presiones mediante sanciones y multas. Se trata de acusaciones formuladas por Casares, que ha expresado su desacuerdo con la actuación municipal.
La protesta reclama una vivienda digna y llama a una huelga general
La acampada subraya que su actividad va más allá de mantener una presencia permanente en la plaza. Afirma que organiza diariamente propuestas dirigidas a la infancia y colabora con diferentes colectivos para convertir el lugar en un punto de encuentro intergeneracional y comunitario.
Por este motivo, considera que no existe contradicción entre reivindicar el acceso a una vivienda digna y permitir que la ciudad disfrute de sus celebraciones. El colectivo sostiene que la convivencia debe construirse mediante soluciones que hagan compatible el uso del espacio público, en lugar de desplazar a quienes ejercen su derecho a protestar.
La movilización también ha vinculado sus reivindicaciones con un llamamiento a la huelga general indefinida. En una publicación en redes sociales, la acampada afirma que está «colectivizando la Plaza Porticada» como parte de una lucha transversal y asegura que continuará movilizándose.
El mensaje de Halloween resume el planteamiento de la protesta con la frase «la casa del terror es no tener casa», que sitúa la falta de vivienda en el centro de sus reivindicaciones. En el vídeo difundido por el Sindicato de Vivienda, el colectivo insiste en esa idea y concluye: «Esta plaza es de todas y vamos hacia una huelga general».
La acampada exige al Ayuntamiento que abandone cualquier intento de desalojar o desplazar la movilización y que busque una fórmula para compatibilizarla con el montaje del pasadizo. Mientras el Consistorio ha solicitado despejar la zona prevista para la instalación, Casares ha asegurado que la Delegación del Gobierno hará prevalecer el derecho de reunión y el Sindicato de Vivienda ha denunciado nuevas identificaciones policiales.
