El absentismo laboral y la siniestralidad en Cantabria han protagonizado el debate parlamentario entre Vox y el consejero de Industria, Eduardo Arasti. La diputada Natividad Pérez ha denunciado que la comunidad continúa por encima de la media nacional en absentismo y ha reclamado nuevas medidas para frenar el impacto de las bajas laborales sobre las empresas y los trabajadores. Arasti, por su parte, ha reconocido que persiste un problema, pero ha defendido que los indicadores más recientes muestran una evolución favorable y que el Gobierno está reforzando tanto el seguimiento de las incapacidades temporales como la prevención de riesgos laborales.

Pérez ha recordado que Vox ha presentado nueve iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión durante la legislatura y ha acusado al Ejecutivo de no haber cumplido íntegramente los acuerdos aprobados por la Cámara. La diputada ha reclamado una respuesta transversal, al considerar que el absentismo no puede abordarse únicamente desde el sistema sanitario, sino que también requiere la participación de las áreas de Industria, Empleo y Presidencia.

Según los datos de Randstad Research del segundo trimestre de 2026 citados por la parlamentaria, la tasa general de absentismo en Cantabria se situó en el 8,5% de las horas pactadas, frente al 7,2% de media nacional. Aunque el indicador regional ha descendido respecto al año anterior, Pérez ha advertido de que la comunidad sigue entre las que registran cifras más elevadas. En el absentismo por incapacidad temporal, ha situado la tasa cántabra en el 6,6%, un punto por encima del promedio español.

Vox alerta del coste de las bajas para las pequeñas empresas

La diputada ha utilizado también datos de 2025 atribuidos al Observatorio del Absentismo Laboral de Mutua Montañesa y CEOE-Cepyme para dimensionar el problema. Según esas cifras, Cantabria perdió 4.179.211 jornadas laborales por incapacidad temporal durante el pasado año, un 5,88% más que en 2024. De ese total, 3.666.716 jornadas correspondieron a contingencias comunes, como enfermedades o accidentes no laborales.

Pérez ha destacado asimismo el aumento de los procesos de incapacidad temporal que superan los 365 días y el crecimiento de las bajas relacionadas con problemas de salud mental y factores psicosociales. A su juicio, estas situaciones tienen un efecto especialmente importante en autónomos y pequeñas empresas, que pueden encontrar dificultades para mantener su actividad cuando falta durante un periodo prolongado un trabajador clave.

La parlamentaria ha sumado a esta preocupación los datos de siniestralidad laboral de los primeros ocho meses de 2026. Según las cifras que ha expuesto en el pleno, hasta agosto se habían registrado 4.820 accidentes de trabajo con baja, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior. También ha señalado que los fallecimientos en jornada laboral habían pasado de dos a ocho en la comparación interanual que presentó ante la Cámara.

Vox ha defendido que estos indicadores afectan a la productividad, la competitividad empresarial y la capacidad de Cantabria para atraer nuevas inversiones. Pérez ha anunciado que su grupo presentará la próxima semana una moción para crear una mesa de coordinación y análisis interdepartamental, adscrita a Presidencia, con participación de las áreas de Salud e Industria y orientada a mejorar la productividad, la salud laboral y la reducción del absentismo y la siniestralidad.

Arasti defiende que el absentismo empieza a reducirse

El consejero de Industria ha reconocido que Cantabria mantiene tasas de absentismo superiores a la media española, pero ha defendido que los datos más recientes apuntan a un cambio de tendencia. Según ha expuesto, la tasa general pasó del 8,9% en 2025 al 8,6% en el primer trimestre de 2026 y al 8,5% en el segundo. En el caso de las bajas por incapacidad temporal, ha señalado que el indicador descendió del 7% en 2025 al 6,6% en el segundo trimestre de este año.

Arasti ha explicado que el Gobierno ha reforzado la inspección médica. Según sus datos, la plantilla ha pasado de cuatro profesionales médicos y ninguno de enfermería en 2024 a ocho médicos y dos profesionales de enfermería en la actualidad, con la posibilidad de incorporar otros dos facultativos si existe disponibilidad en la bolsa de contratación.

El consejero también ha destacado la incorporación de once psicólogos a Atención Primaria y la implantación de un protocolo específico en los centros de salud que disponen de psicólogos clínicos para abordar procesos de incapacidad temporal asociados a trastornos mentales no graves. El objetivo, ha señalado, es intervenir de forma temprana cuando sea clínicamente posible, sin sustituir las bajas que sean necesarias para la recuperación del trabajador.

En cuanto a la colaboración con entidades externas, Arasti ha indicado que el convenio con Santa Clotilde está cumplido, mientras que el acuerdo con Mutua Montañesa se encuentra en tramitación. También ha defendido el seguimiento mensual de las propuestas de alta y la necesidad de que cada incapacidad temporal dure el tiempo que corresponda desde el punto de vista médico, sin prolongaciones innecesarias ni altas indiscriminadas.

El titular de Industria ha insistido en que el absentismo es un fenómeno multifactorial, en el que influyen las condiciones laborales, la organización de las empresas, la prevención, la evolución demográfica y otros factores sociales. Por ello, ha defendido combinar el control administrativo con la protección de quienes necesitan recuperarse.

El Gobierno destaca el refuerzo de la prevención laboral

Arasti ha defendido que el Ejecutivo también ha reforzado el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya estructura orgánica y relación de puestos de trabajo se modificaron en 2024 por primera vez desde su creación en 2008. Según ha señalado, el presupuesto del organismo alcanza los 4,16 millones de euros, un 35% más que en 2023.

Entre las medidas de prevención, ha destacado un programa desarrollado junto a organizaciones empresariales y sindicales, con una inversión prevista de casi 1,2 millones de euros entre 2023 y 2026 para formación, asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa. También ha citado campañas específicas en sectores como la fabricación de productos metálicos, la industria alimentaria y las actividades de fundición con exposición a sílice cristalina respirable.

El consejero ha explicado que las ayudas a las pequeñas y medianas empresas se han orientado hacia la sustitución de maquinaria por equipos más seguros, los trabajos en altura, la manipulación de cargas y la incorporación de tecnologías que permitan alejar a los trabajadores de tareas peligrosas. Según ha indicado, por cada euro aportado por el instituto se movilizan más de tres euros de inversión empresarial en seguridad y salud laboral.

Sobre la siniestralidad, Arasti ha defendido que el índice de incidencia —que mide los accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores— ha descendido un 14% desde julio de 2023 hasta julio de 2026, al pasar de 3.065 a 2.689. También ha señalado que el acumulado anual ha bajado de 2.706 a 2.689 accidentes, un descenso del 0,6%.

El consejero ha cuestionado que Vox utilice cifras absolutas sin tener en cuenta la evolución del empleo y ha defendido el índice de incidencia como una herramienta más adecuada para comparar periodos y territorios. Asimismo, ha diferenciado entre los accidentes ocurridos durante la jornada y los que se producen en los desplazamientos al trabajo, al considerar que las empresas tienen distinta capacidad de intervención preventiva en cada caso.

El debate ha concluido con dos diagnósticos diferentes sobre la evolución del problema. Vox considera que los niveles de absentismo y el repunte de determinados indicadores de siniestralidad exigen una coordinación política más amplia, mientras el Gobierno defiende que las medidas sanitarias y preventivas ya aplicadas están contribuyendo a mejorar los datos, aunque reconoce que todavía queda trabajo por hacer.