El Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes una iniciativa de Vox para reforzar la seguridad en Ceuta y Melilla, mejorar los medios de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales y reconocer su trabajo como profesión de riesgo. La propuesta ha recibido 25 votos a favor de Vox, PP y PRC y ocho en contra del PSOE, en un debate en el que los diputados de Vox y del PP han dirigido duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la situación fronteriza.
El diputado popular Iñigo Fernández ha acusado al Ejecutivo central de haber dejado desprotegidos a los ciudadanos de Ceuta durante la crisis migratoria y ha reprochado a Sánchez que, según su versión, no mostrara un gesto de apoyo a los afectados. Fernández ha cuestionado también la actitud del Gobierno hacia las autoridades marroquíes y ha contrapuesto lo que considera una falta de respaldo a las ciudades españolas del norte de África con las explicaciones ofrecidas por el PSOE durante el debate.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha defendido igualmente que Ceuta y Melilla necesitan una política de Estado que garantice su soberanía, integridad territorial y seguridad. Díaz ha acusado al Gobierno de minimizar la situación que atraviesan ambas ciudades y ha reclamado que la protección de las fronteras se traduzca en medidas concretas para los efectivos que trabajan sobre el terreno.
Vox reclama más medios y protección para los agentes
La iniciativa defendida por Díaz recoge un conjunto de 20 medidas que abarcan los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo, además del refuerzo de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre las propuestas figura crear un mando integrado para coordinar a las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia, los cuerpos policiales, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Judicial.
Vox reclama reconocer como profesión de riesgo el trabajo de militares, guardias civiles y policías nacionales, además de garantizar descansos, relevos, alojamiento y manutención adecuados, asistencia jurídica y apoyo psicológico. Díaz ha defendido que el reconocimiento institucional debe traducirse en mejoras de las condiciones profesionales, protección jurídica y retribuciones.
En el plano operativo, la propuesta plantea reforzar las capacidades de vigilancia terrestre y marítima, mejorar los sistemas de información y ciberdefensa y aumentar los medios para controlar el espacio aéreo. También incluye actuaciones en las infraestructuras fronterizas de Ceuta y Melilla, entre ellas la culminación de los espigones y la modernización de los sistemas tecnológicos de vigilancia.
La portavoz de Vox ha sostenido que los efectivos desplegados afrontan situaciones de riesgo y ha reclamado directrices claras y cobertura jurídica suficiente para desarrollar su labor. También ha defendido reforzar las plantillas policiales y mejorar los procedimientos de identificación y tramitación de las personas que acceden irregularmente a territorio español.
El PSOE niega el abandono de Ceuta y Melilla
La representante socialista Norak Cruz ha compartido la preocupación por la seguridad de las dos ciudades autónomas y por las condiciones de quienes prestan servicio en ellas, pero ha rechazado el planteamiento de Vox. «Ceuta y Melilla son España para los y las socialistas», ha defendido, antes de negar que ambas ciudades estén abandonadas por el Gobierno central.
Cruz ha recordado el despliegue de efectivos policiales y militares durante la crisis migratoria de Ceuta y ha señalado las inversiones destinadas a reforzar el perímetro fronterizo de Melilla. A su juicio, presentar la actuación del Ejecutivo como un abandono ignora los recursos movilizados y las medidas adoptadas.
Los socialistas también han cuestionado que el Parlamento autonómico pueda decidir sobre buena parte de las medidas incluidas en la iniciativa. Han señalado que la defensa nacional, la inmigración y la extranjería son competencias estatales y han defendido que los cambios en las funciones de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales deben abordarse en las Cortes Generales.
El PSOE ha añadido que algunas de las actuaciones reclamadas ya están en marcha. En concreto, ha señalado que el Ministerio del Interior tramita el reconocimiento de la profesión de riesgo para la Policía Nacional y ha abierto una mesa de trabajo sobre esta cuestión para la Guardia Civil. Cruz ha defendido, además, la cooperación con los países de origen y tránsito como parte de la respuesta a la presión migratoria.
El PRC apoya la iniciativa con reparos a su extensión
El PRC ha respaldado la propuesta al compartir la necesidad de reforzar la seguridad de las fronteras y mejorar las condiciones de quienes trabajan en ellas. Su representante ha defendido que Ceuta y Melilla forman parte de España y que su protección exige planificación, recursos suficientes y coordinación entre las administraciones, siempre dentro del ordenamiento jurídico.
Los regionalistas han puesto como reparo la extensión de la iniciativa, que incluye 20 puntos y que, a su juicio, puede dispersar el objetivo principal. No obstante, han apoyado el fondo de la propuesta, especialmente las medidas relacionadas con el reconocimiento profesional, la dotación de recursos humanos y materiales y la protección jurídica de los efectivos.
El debate ha terminado con la aprobación de la iniciativa por los votos de Vox, PP y PRC, frente al rechazo socialista. Más allá del acuerdo sobre la necesidad de proteger a los efectivos y mejorar sus medios, la sesión ha evidenciado las diferencias entre los grupos sobre la actuación del Gobierno central, las competencias estatales y las medidas necesarias para reforzar el control fronterizo.
