Los vecinos de Rucandial, barrio de Santander incluido en el plano del proyecto que publicó El Diario Montañés el 4 de octubre, se constituyeron el sábado en la Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander y la inscribieron al día siguiente en el registro del Gobierno de Cantabria. Su presidente, Luis Díaz, habla de una movilización “brutal” en la primera semana: más de 200 personas en la reunión fundacional y más de 130 en el grupo de WhatsApp. Añade que aún hay mucha gente sin enterarse del problema, porque la noticia “ha salido a la luz pública a través solo de un medio de difusión regional” y parte del barrio estaba de vacaciones o fuera.

Díaz no duda del motivo del anuncio. Al ser preguntado por la afirmación del consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, de que el primer PSIR tardará dos años en aprobarse, responde: “Evidentemente esto es un movimiento electoral porque estamos a seis, nueve meses de las próximas elecciones regionales y municipales”. A su juicio, a los políticos les interesa sacar a la luz proyectos de este calado, pero también deberían interesarles “los vecinos, que somos precisamente los que los votamos”.

La asociación aclara que no se opone a que se construya. “Nosotros no nos negamos al crecimiento de la ciudad, lo que nos negamos es a que nos desalojen de nuestras viviendas”, afirma Díaz. Cambiaría ese término por “ocupación” porque son propietarios: “Nos están intentando echar de nuestras viviendas, que están totalmente legales, en suelo totalmente legal”. Defiende que un PSIR debería englobarse solo en suelo rústico, “en ningún momento en suelo urbano”, y que las zonas residenciales no tendrían que verse encajadas en esa figura.

Un pueblo en la ciudad

Díaz describe Rucandial como “un pueblo dentro de la ciudad”: un entorno rural a escasos metros de los centros comerciales, con una estabulación de vacas frente a su casa. Es, explica, el motivo por el que eligieron vivir allí. Ángela, vecina y miembro de la asociación, cuenta que la casa de su abuela tiene unos 200 años y perteneció al padre del abuelo de esta. Empezó con “cuatro casas en una isleta” y los prados fueron convirtiéndose en viviendas hasta formar “unas cuantas casas de gente tranquila” con acceso a todo Santander y vistas al mar.

Alejandro García admite que para muchos es un barrio “totalmente desconocido”, pero asegura que “entraña historia”. Recuerda que el lavadero tiene “un interés cultural enorme”: su abuela, de Corbán, le contaba que sus padres subían allí a lavar la ropa y a coger agua. María Jesús, de 84 años, evoca una época en que “no había agua en las casas, no había luz” y “no venía nadie. Ahora todos quieren Rucandial”. Lleva allí toda su vida y describe un barrio “muy tranquilo, vivimos muy bien”, donde se lleva bien con todos: “Igual me da que sean de ahora que de antes”.

Planos y casas afectadas

El plano publicado, según Díaz, tiene una infografía “muy genérica” que no dice cuáles son las viviendas afectadas. Su propia barriada, afirma, desaparece en seis casas “simplemente para plantar árboles” y sin afección de viales. Considera que, a la vista de los viales, serán muchas más las viviendas afectadas que las del primer listado, y que lo publicado no es fiel a lo que les han transmitido. Sobre el conjunto del proyecto, lo califica de “PSIR que no tiene ningún sentido, por lo menos como está planificado”.

García cuenta que, antes de comprar, preguntó en el Ayuntamiento por el proyecto y le dijeron que afectaba a los prados. Sostiene que “ahí nadie niega que puedan hacer vivienda”, pero que las casas, en suelo urbano y amparadas por el último plan urbanístico de Santander, “no deberían de ser tocadas”. Habla de “casas históricas que quieren demoler” y defiende que su cultura y su historia “se debería respetar por encima de cualquier proyecto masivo de construir viviendas”.

Casas “con valor cero”

Ángela describe un barrio tenso porque “no nos lo han dicho de una forma oficial”: ni el Gobierno de Cantabria, que a su juicio sería quien debía avisarles, ni nadie “se ha sentado a hablar con nosotros de forma tranquila”. “Ya no nos creemos nada”, resume. Ana, vecina desde siempre, sostiene que desde la publicación las viviendas “tienen un valor cero” y que, aunque esto sea “un globo sonda”, “la espada la tenemos encima”. Ninguno quiere vender, aclara, pero quien lo necesite por enfermedad o trabajo no puede hacerlo. Ella siempre ha visto su casa como “mi plan de pensiones particular”, aunque insiste en que empezaron “más por el tema sentimental” que por el económico. Pide también que respeten la casa de los recién llegados, como García.

García, que tiene dos meses de hipoteca, califica la situación de “una desgracia”: “Estamos que no dormimos por la noche”. Se pregunta si el proyecto es “una propuesta electoral que después se va a quedar en menos” y habla de “muchísimas preguntas, mucha incertidumbre”. María Jesús, viuda desde hace 28 años, se enteró por su yerno. “Todavía no me voy del barrio, eso desde luego”, dice, y se pregunta qué pasará “después para los hijos”. Su hija reformó la cuadra “sin saber que nos iban a tirar la casa”, y se quedó a vivir con ella: ahora le ayuda, porque ya no puede andar. De la vivienda dice: “La quiero como si fuera una hija”.

Sin reunión con la promotora

Díaz niega que los vecinos se hayan reunido con Real de Piasca y califica de “totalmente falsa” la información que lo recogía. Explica que fue la asociación de vecinos de la Virgen de Loreto la que se reunió con la empresa, y que a ella le facilitaron los planos y el listado con las referencias catastrales de las casas afectadas. Ángela duda de que a esa asociación le contaran “realmente cómo tenían planteada la historia”.

Los planos recogen un realojo en una parcela de Bezana, y la asociación recuerda que son vecinos de Santander y quieren seguir siéndolo. Díaz asegura que esa parcela no pertenece a Real de Piasca, que es de la familia de un miembro de la junta directiva y que no está en venta. Ángela añade que el plano publicado después sitúa el realojo en otro lugar. “No tenemos realmente la información de dónde nos querrían realojar”, dice. Díaz da por hecho que tendrán que plantear una nueva ubicación, pero insiste en que lucharán para que el PSIR “no salga adelante”.

García recuerda que la empresa es conocida en el barrio porque “ya ha comprado muchos terrenos”. Coral Begoña García, vecina de 70 años, relata que su padre tenía “muchas fincas, medio Rucandial” y que ella heredó otras de sus tías. Cuenta que, cuando quiso vender su parte, las gestiones con terceros acabaron dejándola “sin herencia de mis tías”. Se siente engañada: “Me hicieron una jugadeta que me quedé sin lo mío”. Cree que quienes intervinieron mantienen contacto con la promotora, sin concretar en qué, y habría querido contarlo en la reunión de la asociación.

Gobierno y Ayuntamiento

La junta directiva escribió a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el viernes, y ese mismo día respondió que se reuniría con ellos cuando estuvieran formalmente constituidos. Del Gobierno de Cantabria, en cambio, no ha habido “ninguna comunicación”. Díaz espera que, una vez constituidos, “tengan la deferencia de poder explicarnos o darnos más información de la que simplemente se ha publicado en el diario”.

Preguntado por si cree a la alcaldesa cuando dice que no conocía el proyecto, Díaz responde que le cree: el PSIR no está publicado y, hasta que lo esté, no se verán “los planos reales y las afecciones”, ni las medioambientales ni las hídricas. Pero cree que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa, “que son del mismo partido”, “tenían que ser conocedoras perfectamente de la información que iba a salir a la luz pública”.

Apoyo sin colores políticos

Los partidos que han visitado el barrio les han mostrado su apoyo y, según Díaz, su sorpresa por la información del PSIR. Entre ellos hubo miembros del PSOE de Bezana, que dijeron desconocer el proyecto y calificaron de “atropello” lo que sucede en Rucandial. Para Díaz, los visitantes “entienden nuestro malestar”: ahora que se habla mucho de salud mental, pide que venga un especialista “y pregunte a las personas lo que ha causado este bombazo”. Resume la actitud de la noticia como “desinformación”.

Ángela matiza que no lo ven como “una cosa de partidos”: lo importante es que alguien se interese por los santanderinos afectados, en un momento en que hay “muchos” PSIR en Cantabria. Díaz lo cierra con una declaración: es una asociación “sin color político”, en defensa de sus viviendas.

Reuniones y vía legal

La asociación pedirá reunión a Media, a Buruaga, a Igual y a los ayuntamientos de Bezana y Camargo, también afectados, y en función de lo que obtenga tomará “medidas de acción social”. Cuando se publique el PSIR, que Díaz sitúa “en teoría” en dos semanas, acudirá a un bufete especializado en urbanismo. Tienen abierto un enlace de apoyo con firmas, y piden que se asocie más gente, porque, según Díaz, cuantos más socios, más fuerza ante la Administración. García lo expresa en cifras: “Si representamos a 600 personas mejor que a 200”, porque esto será “una negociación de tres partes” en la que cada una tiene sus intereses y la suya es que se mantengan intactas las casas con valor histórico.

Díaz lanza un mensaje al resto de Santander: eran “familias normales” que vivían tranquilas y “de golpe y plumazo, de un día para otro” se las quiere echar de sus casas. “El problema que hoy tenemos nosotros, el día de mañana lo puede tener cualquier otro barrio”, advierte. Ángela, a título personal, pide que se entienda que no quieren frenar el proyecto, sino “que no nos quiten las nuestras”, y duda de que unas viviendas con esos precios vayan a ser para ellos.