CCOO y UGT fijan para el próximo miércoles 11 de noviembre la huelga general de 24 horas convocada para reclamar medidas frente a la crisis de acceso a la vivienda. La movilización se plantea como una respuesta sindical al encarecimiento de la vivienda y busca vincular las reivindicaciones residenciales con la mejora de los salarios y de las condiciones laborales.
La convocatoria llega después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno. CCOO y UGT ya habían anunciado entonces que estudiarían cómo incorporar al movimiento sindical a las movilizaciones promovidas junto a organizaciones sociales, vecinales y de inquilinos, hasta plantear finalmente un paro general de 24 horas.
La huelga se celebrará además a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Precisamente esta proximidad con la cita electoral es uno de los argumentos utilizados por CSIF para desmarcarse de la convocatoria.
CCOO y UGT vinculan vivienda y salarios
Los sindicatos defienden que la crisis de la vivienda no puede abordarse al margen de la situación económica de los trabajadores. CCOO y UGT plantean en su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, junto con cláusulas de revisión salarial y otras medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda.
Las centrales reclaman también un pacto social y político en materia residencial, la creación de un parque público permanente de vivienda protegida, límites al precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en todo el territorio.
La movilización se dirige tanto a las administraciones con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales. CCOO y UGT consideran que los salarios deben permitir a los trabajadores afrontar el coste de un bien básico como la vivienda y defienden mantener la presión mediante la movilización y la negociación colectiva.
CSIF no secundará la huelga
CSIF ha anunciado que no secundará la huelga general. El sindicato profesional e independiente argumenta que la convocatoria, al producirse pocas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, presenta unas connotaciones políticas que, a su juicio, no encajan con la independencia y el carácter estrictamente profesional de la organización.
CSIF sostiene que su actividad debe centrarse en las cuestiones laborales y recuerda las movilizaciones desarrolladas en los últimos años por mejoras salariales, jubilaciones, servicios públicos y condiciones de los empleados públicos. El sindicato señala además que en 2024 las movilizaciones en las administraciones públicas terminaron con un acuerdo marco que evitó la huelga general que tenía convocada en ese ámbito.
La organización también diferencia su posición sobre la huelga de su diagnóstico sobre la vivienda. CSIF reconoce la gravedad de la crisis de acceso a la vivienda y reclama un pacto de Estado que permita ofrecer una respuesta global al problema.
CSIF reclama medidas para los empleados públicos
Entre las propuestas planteadas por CSIF figura la adaptación de los complementos de destino de los empleados públicos para tener en cuenta la realidad económica de los territorios donde prestan servicio. También propone extender el complemento de residencia a zonas con precios de vivienda especialmente elevados.
El sindicato asegura que el encarecimiento de la vivienda está provocando situaciones en las que empleados públicos renuncian a plazas recién obtenidas o solicitan excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o Baleares por las dificultades para asumir los costes residenciales.
CSIF considera que las administraciones deben actuar para evitar que el precio de la vivienda dificulte el mantenimiento de los servicios públicos y plantea que las soluciones deben combinar las condiciones salariales con la realidad del mercado inmobiliario.
La huelga, a las puertas de las elecciones
La jornada de paro del 11 de noviembre se celebrará 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La coincidencia temporal ha introducido un componente político en el debate sobre la convocatoria, aunque CCOO y UGT defienden que su objetivo es reclamar mejoras laborales y salariales vinculadas al acceso a la vivienda.
Con la huelga, las centrales sindicales pretenden trasladar la problemática residencial al ámbito laboral y mantener la presión sobre las administraciones y las organizaciones empresariales. CSIF, por su parte, opta por no secundar el paro y reclama que la crisis de vivienda se aborde mediante un pacto de Estado y propuestas específicas para los trabajadores.
