El consejero de Salud, César Pascual, ha reconocido en el Parlamento de Cantabria que el correo interno que presentaba el rechazo de una derivación a Santa Clotilde como una renuncia a la prueba «estaba mal formulado». Lo ha hecho este lunes en una comparecencia a petición propia ante el Pleno, en la que ha presentado los primeros resultados del análisis del registro de pruebas de Radiología de los tres hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Según ha afirmado, ese análisis no ha encontrado ninguna baja de la lista de espera por rechazar la derivación.

Pascual ha explicado que el correo hablaba de anular la prueba si el paciente no aceptaba hacérsela en Santa Clotilde. «El correo existió, estaba mal formulado, no debió difundirse y su contenido fue desautorizado. Lo digo sin reservas», ha afirmado, y ha añadido que la inquietud que pudo causar en pacientes y profesionales «es comprensible». El consejero ha defendido que la posición correcta del SCS es que el rechazo de una derivación no produce por sí solo la baja de la lista, y ha señalado que así se recoge en las tres instrucciones que dictó el director de Asistencia Sanitaria a lo largo de estos tres años.

En el plano jurídico, Pascual ha recordado que la ley de Cantabria 7/2006 distingue entre la permanencia en el registro y la garantía de atención dentro de un plazo máximo. Según ha explicado, una oferta rechazada puede afectar a esa garantía si reúne las condiciones previstas legalmente, pero el rechazo del centro no figura entre las causas de baja del registro. Ha añadido que el real decreto estatal de gestión de listas de espera mantiene la misma distinción, de modo que el paciente continúa inscrito aunque pierda la garantía temporal de esa atención.

Qué dicen los datos

Pascual ha explicado que el análisis combina tres fuentes del sistema de citación en los tres hospitales del SCS: las solicitudes que seguían pendientes en la fecha de corte, las salidas registradas antes de la cita y las pruebas ya resueltas. Ha advertido de que no se trata de una única fotografía, porque el registro de pendientes llega hasta el 24 de septiembre y el cuadro de actividad de Santa Clotilde hasta el 27. Sobre ese registro, con 23.753 solicitudes de pruebas radiológicas, ha identificado 119 con marca de rechazo de derivación: 17 tenían cita asignada y 102 seguían esperándola.

El consejero ha subrayado que ninguna de esas marcas ha eliminado a nadie del registro ni modifica la fecha original de inclusión, pero ha reconocido que el hecho de que 102 sigan sin cita es una garantía de permanencia, «no una buena noticia asistencial en sí misma». También ha revisado a mano los casos del fichero de salidas anteriores a la cita: 14 estaban resueltos y en tres la información registrada no permitía saber con claridad qué había ocurrido, por lo que siguen como pendientes. Ha añadido que se localizaron 43 pruebas hechas en la red pública en 2026 a personas con marca de rechazo, y que las marcas no se han aplicado de manera uniforme en todos los centros, por lo que no ha querido calcular un porcentaje de aceptación o rechazo.

En cuanto a Santa Clotilde, Pascual ha dicho que desde abril ha realizado 8.509 pruebas: 4.600 ecografías, 2.621 resonancias, 1.124 TAC y 164 mamografías, con junio como el mes de mayor actividad (1.967). Ha precisado que eso no equivale a otras tantas personas menos en la lista y ha defendido que aceptar la derivación acorta la espera un 29% en resonancias y un 76% en ecografías. Ha anunciado que se actualizarán las instrucciones de citación para registrar los rechazos y explicárselos al paciente, y que se unificarán los criterios entre centros. Entre las 48 reclamaciones relacionadas con el centro que ha revisado su departamento, ha señalado que la única vinculada al rechazo de una derivación radiológica corresponde a una persona cuyas pruebas siguen pendientes de cita en su hospital. «Nuestro trabajo no termina en demostrar que no desaparecieron, termina cuando reciben la prueba que necesitaban», ha afirmado.

La postura de Vox

La portavoz de Vox, Natividad Pérez, ha dicho que no pone en duda los datos que ha aportado el consejero y que su grupo «no tiene nada en contra» de las derivaciones a Santa Clotilde. Ha subrayado que lo relevante para los ciudadanos es que, según lo expuesto, el rechazo de la derivación no ha supuesto ninguna baja, de modo que el paciente sigue en la lista y no pierde su antigüedad. También ha calificado la comparecencia de «un ejercicio de madurez política, de rigor asistencial y de asunción valiente de responsabilidades».

Pérez ha añadido, sin embargo, que han transcurrido tres años de legislatura y que la «herencia recibida» ya no sirve como argumento. Ha reconocido que es «formalmente exacto» que Cantabria tiene el mayor presupuesto sanitario de su historia, pero ha advertido de que inyectar dinero en sistemas de gestión obsoletos sin reformarlos «equivale a verter agua en un pozo sin fondo». Ha citado 16.642 personas en la lista de espera quirúrgica estructural y una demora media de 154 días para entrar en quirófano, y ha recordado que el plan de choque de 2023 destinó más de 4 millones de euros, con 1.295.000 para peonadas y 2.840.000 para derivaciones a la sanidad concertada.

La réplica del PSOE

El portavoz socialista, Raúl Pesquera, ha acusado al consejero de intentar «disimular un plan preconcebido de derivaciones a Santa Clotilde tachándolo de error y buscando culpables», y ha asegurado que «el problema es que les hemos pillado». Ha criticado además el plan de choque, en el que, según ha dicho, se gastaron 65 millones de euros apoyados en las peonadas voluntarias y las externalizaciones, y ha puesto como ejemplo el hospital de Laredo, donde ha afirmado que llevan un año sin traumatólogos. Ha añadido que en la huelga médica hay un seguimiento del 20% en Cantabria.

Pesquera ha recordado el título del convenio, que habla de la vinculación del Hospital Santa Clotilde en la red hospitalaria pública del SCS, y ha defendido que el correo se limita a reflejarlo: «es un hospital más de la red». Según ha dicho, «esto está pergeñado desde el minuto uno que se hizo este convenio». En cuanto a las listas, ha afirmado que él dejó 16.000 pacientes en espera quirúrgica, que luego quedaron en 17.200 y que ahora hay 17.500, tras tres años de plan de choque.

La postura del PRC

La portavoz regionalista, Paula Fernández, ha valorado el tono de Pascual y ha dicho que cree que «es la primera vez» que pide perdón a los cántabros por un error. Ha recordado que su partido nunca ha dicho que la colaboración con Santa Clotilde fuese ilegal, pero que siempre ha defendido que fuera complementaria a la sanidad pública, justificada mediante un análisis de alternativas y sometida a transparencia y control. Ha dicho que quiere saber cuántos pacientes se derivan, desde qué hospitales, para qué pruebas y a qué coste, y qué ocurre con quienes rechazan.

Fernández ha advertido de lo que considera un círculo: «El hospital público pierde capacidad, aumenta demora, esa demora justifica la derivación y la derivación termina haciendo menos urgente recuperar esa capacidad pública perdida». Ha citado como ejemplos los problemas de personal en Sierrallana, Laredo y Tres Mares, y ha preguntado por qué el Gobierno encuentra capacidad para derivar actividad pero no para dotar con la misma determinación a los hospitales públicos. Ha defendido que primero hay que hacer lo necesario para que funcione plenamente lo público y después, si es necesario y está justificado, complementar.

La respuesta de Pascual

En su turno final, Pascual ha acusado a la oposición de no haberle escuchado y de sostener «un error corregido» para alimentar lo que ha calificado de campaña «sucia». «Cuanto peor le vaya al Servicio Cántabro de Salud, mejor para la oposición», ha dicho, y ha añadido: «Cuanto más miedo sienta un paciente, mejor para su relato». Ha pedido que, si tienen pruebas de manipulación, las aporten: «Y si no, callen».

El consejero ha defendido que el convenio supone un incremento de 8 millones al año, frente a un aumento de más de 100 millones anuales en el sistema público, y ha rechazado que un convenio de 16 millones sustituya a un servicio con un presupuesto de 1.300 millones. A Pesquera le ha reprochado, según ha afirmado, haber dejado la peor lista de espera de la historia y haber enviado datos falsificados al Ministerio, y ha atribuido el repunte actual de las listas a la huelga médica, que según ha dicho ha provocado más de 169.000 actos asistenciales que hay que recuperar.