El proyecto ‘Bosques de Santander’ prevé la construcción de 7.850 viviendas en una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados repartida entre Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo. La iniciativa privada, promovida por el Grupo Empresarial Real de Piasca, contempla además la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, la cesión de 650.000 metros cuadrados para el Parque Litoral Norte y un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este lunes el proyecto como una actuación que podría convertirse en el primer gran parque de vivienda protegida de la comunidad. Del total de viviendas previstas, 3.140 serían protegidas y se comercializarían a precios asequibles, mientras que las 4.710 restantes serían libres. El proyecto supondría, según los promotores, una inversión privada aproximada de 1.500 millones de euros.
Para desarrollar la actuación, el promotor prevé registrar próximamente un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La declaración todavía no está aprobada, por lo que las cifras corresponden al proyecto planteado y no a una actuación urbanística ya ejecutada.
La Ciudad de la Justicia se integrará en el proyecto
Uno de los principales equipamientos públicos anunciados es la futura Ciudad de la Justicia, que se situaría junto a la S-20, en el entorno de Corbán. El complejo tendrá, según las previsiones presentadas por el Gobierno cántabro, 28.000 metros cuadrados distribuidos en tres edificios.
El espacio integraría el Tribunal de Instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia Provincial, la Fiscalía de Cantabria, la Junta Electoral, el Registro Civil y dependencias para los colegios profesionales de la abogacía, procuradores y graduados sociales. El objetivo es concentrar las distintas sedes judiciales y dar respuesta a la falta de espacio existente en el complejo de Las Salesas.
La actuación se plantea además como una construcción ‘llave en mano’ vinculada al desarrollo del proyecto residencial. Buruaga ha señalado que la Ciudad de la Justicia permitirá disponer de unas instalaciones más amplias, accesibles y conectadas con el resto del área metropolitana.
650.000 metros para el Parque Litoral Norte
El proyecto contempla también la cesión de 650.000 metros cuadrados para el denominado Parque Litoral Norte, entre la Virgen del Mar y La Maruca. Según el planteamiento presentado, este espacio contará con un eje verde con recorrido peatonal y ciclista conectado con los itinerarios existentes.
A las zonas verdes se sumarán nuevas infraestructuras viarias y tres puentes destinados a mejorar las conexiones entre Santander, Bezana y Camargo. El aparcamiento disuasorio previsto contará con 1.300 plazas y busca facilitar el acceso al área metropolitana y reducir la presión del tráfico sobre el centro de Santander.
El conjunto de cesiones de suelo, viales, infraestructuras y equipamientos públicos está valorado por el Gobierno de Cantabria en unos 320 millones de euros.
Tres fases y 7.850 viviendas
El desarrollo se dividiría en tres fases. La primera contempla 2.850 viviendas, de las que 1.140 serían protegidas, además de la Ciudad de la Justicia, el Parque Litoral Norte, el aparcamiento disuasorio y un paso superior para conectar el entorno de San Román con Rucandial.
La segunda fase añadiría otras 3.000 viviendas, con 1.200 a precios asequibles, mientras que la tercera supondría otras 2.000 viviendas, de las que 800 tendrían esa misma consideración. Según las previsiones del promotor, la primera fase comenzaría en 2029.
El Gobierno cántabro considera que la operación podría elevar por encima de las 4.000 las viviendas a precios asequibles impulsadas durante esta legislatura, al sumar las previstas en ‘Bosques de Santander’ a las 1.700 viviendas contempladas en el PSIR de Castro Urdiales.
El PSOE cuestiona el modelo urbanístico
El PSOE de Cantabria ha cuestionado el proyecto y ha reclamado más información sobre su alcance. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica socialista, Ainoa Quiñones, ha asegurado que su partido no dispone de documentación sobre la iniciativa más allá de lo conocido públicamente y considera que una actuación de esta magnitud requiere una planificación urbanística más amplia que la vinculada a un PSIR.
Quiñones ha calificado el proyecto como «el anuncio de regalo que es un negocio y otro pelotazo urbanístico» y ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico plantee recurrir a un PSIR para ordenar una transformación de esta dimensión en Santander. La dirigente socialista sostiene que el instrumento «debe demostrar el interés» regional y afirma que, por ahora, el PSOE solo conoce «intereses privados».
La portavoz socialista también ha vinculado sus críticas a la situación urbanística de Santander y al proceso pendiente para disponer de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Según Quiñones, la ciudad mantiene vigente el PGOU de 1997 después de que el plan de 2012 fuera anulado judicialmente, y considera que el desarrollo de una zona de esta extensión debería abordarse mediante una planificación urbanística de mayor alcance.
Debate sobre las viviendas protegidas
Uno de los principales puntos de discrepancia del PSOE se refiere a las 3.140 viviendas que el Gobierno identifica como protegidas y que se comercializarían a precios asequibles. Quiñones sostiene que no deberían presentarse como viviendas sociales en sentido estricto porque serían construidas y comercializadas por un promotor privado.
La dirigente socialista también ha cuestionado quién asumirá la construcción de los equipamientos públicos incluidos en el proyecto, como la Ciudad de la Justicia o el aparcamiento disuasorio, y ha reclamado más detalles sobre su financiación y ejecución.
El PSOE ha criticado además la falta de información trasladada a los grupos parlamentarios y ha acusado al Gobierno de presentar el proyecto acompañado de infografías sin haber facilitado, a su juicio, documentación suficiente sobre sus distintas actuaciones. Estas valoraciones forman parte de la posición expresada por Quiñones tras la presentación del proyecto.
El Ayuntamiento analizará el proyecto
El Ayuntamiento de Santander ha avanzado que estudiará el proyecto con «el máximo rigor y la máxima responsabilidad». La alcaldesa, Gema Igual, ha señalado que el Consistorio priorizará el interés general y ha indicado que, si finalmente se aprueba el PSIR con las infraestructuras previstas, la actuación podría convertirse en un nuevo barrio de la ciudad.
Igual ha defendido la necesidad de vivienda, pero ha reclamado que la parte asequible tenga precios tasados y ha señalado que el Ayuntamiento velará por el realojo de las personas que actualmente tienen su vivienda en los terrenos afectados, en las condiciones previstas por la legislación.
El proyecto también ha generado críticas desde la oposición municipal. El concejal del PRC Felipe Piña ha cuestionado la información facilitada a los grupos políticos y a los vecinos afectados y ha advertido de que 37 viviendas de la zona de Rucandial podrían verse afectadas por el desarrollo. El edil también ha defendido priorizar la regeneración de espacios ya urbanizados frente a nuevos desarrollos periféricos.
El proyecto queda así pendiente de los siguientes pasos administrativos para su eventual tramitación como PSIR, mientras el Gobierno cántabro defiende su potencial para ampliar la oferta de vivienda y dotar al área metropolitana de nuevos equipamientos y el PSOE reclama una planificación urbanística más amplia y mayor información sobre la iniciativa.
