La situación de las viviendas de Hermanos Calderón vuelve a enfrentar las posiciones del Ayuntamiento de Santander y de la Plataforma de Afectados. La alcaldesa, Gema Igual, ha señalado que el Consistorio no puede asumir económicamente la compra de los inmuebles y que tampoco puede adquirirlos para adjudicarlos directamente a las familias que viven actualmente en ellos. Los afectados, por su parte, sostienen que existen fórmulas jurídicas y económicas que permitirían estudiar una operación de este tipo.

La promoción está formada por 107 viviendas de alquiler asequible en la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo. Los inmuebles fueron promovidos por InmoCaixa y posteriormente vendidos a Mosaic Propco, una operación que ha generado incertidumbre entre los residentes ante la posibilidad de que los pisos pasen progresivamente al mercado a precios superiores a los actuales alquileres.

La posición de Gema Igual

La alcaldesa ha explicado que ya trasladó esta posición a los afectados durante una reunión celebrada antes del verano. Según Igual, el Ayuntamiento no puede permitirse económicamente adquirir las viviendas y, además, considera que no sería legal adjudicarlas directamente a quienes residen actualmente en ellas.

La regidora ha defendido que cuando el Ayuntamiento dispone de viviendas, ya sea porque forman parte de su patrimonio o porque las construye, su adjudicación se realiza mediante un registro de demandantes y un procedimiento basado en criterios establecidos. En este sentido, ha señalado que el Consistorio debe garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas que puedan optar a una vivienda pública.

Igual ha asegurado, no obstante, que la comunicación con los afectados continúa abierta y que el Ayuntamiento seguirá estudiando posibles vías de ayuda dentro del marco legal. Ya en agosto, el Consistorio había mantenido una reunión con los inquilinos para valorar posibles fórmulas de colaboración y conocer la documentación relacionada con las viviendas.

Los afectados defienden que hay alternativas

La Plataforma de Afectados sostiene una posición diferente y considera que la adquisición de las viviendas no está jurídicamente descartada. El colectivo asegura que el reglamento de adjudicación de las promociones de vivienda asequible de la Obra Social de La Caixa contemplaba posibles derechos de opción y retracto de las administraciones públicas.

Los vecinos también señalan que los estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander contemplan entre sus facultades la adquisición de bienes inmuebles. A su juicio, esta posibilidad permitiría al menos estudiar una operación de compra, aunque reconocen que sería necesario determinar las fórmulas jurídicas y financieras concretas para llevarla a cabo.

Como precedente, la Plataforma cita la actuación del Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por el PP, que adquirió 78 viviendas de una promoción de InmoCaixa para incorporarlas al parque público municipal mediante el ejercicio de un derecho de tanteo. El colectivo considera que una actuación similar en Santander podría haber permitido preservar antes la finalidad social de las viviendas.

La cuestión de los actuales residentes

Otro de los puntos de discrepancia está en qué ocurriría con las familias que viven actualmente en los pisos si el Ayuntamiento llegara a adquirirlos. Igual sostiene que las viviendas municipales deben adjudicarse mediante los procedimientos establecidos y garantizando la igualdad de oportunidades entre los demandantes.

La Plataforma considera, en cambio, que una eventual compra permitiría mantener inicialmente los contratos de alquiler vigentes mediante la subrogación del nuevo propietario. El colectivo plantea que, posteriormente, podrían estudiarse los mecanismos legales de renovación o continuidad residencial cuando finalizasen esos contratos, respetando los requisitos y procedimientos que correspondan.

Los afectados recuerdan además que las familias accedieron en su momento a las viviendas mediante un procedimiento reglado y acreditando los requisitos económicos y sociales exigidos para aquella promoción.

Ayuntamiento y afectados mantienen abierta la comunicación

La Plataforma ha solicitado una nueva reunión con Gema Igual y reclama también la participación de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria para estudiar conjuntamente las posibilidades de financiación y adquisición.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene abierta la comunicación con los vecinos y ha señalado que seguirá trabajando dentro de sus competencias y del marco legal. La cuestión continúa así pendiente de las posibles alternativas que puedan plantearse para las familias residentes en Hermanos Calderón.