El origen de esta historia se remonta a julio de 2021, cuando, tras una discusión con «una amiga de la familia de toda la vida», comenzaron a salir a la luz cuestiones relacionadas con la información clínica de Carmen Rey Millán. Según relata su hermana Loreto, durante aquella conversación la mujer acabó admitiendo que accedía de manera habitual al historial clínico de Carmen y también al de otras personas de su entorno.
A raíz de esta situación, la familia decidió solicitar por primera vez las auditorías de acceso a los historiales clínicos de todos sus miembros para tratar de determinar quién había consultado esa información y en qué circunstancias.
Entre los registros que posteriormente revisaron, según explica Loreto, aparecían accesos vinculados a unidades en las que Carmen ya no estaba recibiendo asistencia, además de consultas realizadas en horarios que la familia consideró llamativos.
Sin embargo, la información recibida no permitía determinar con claridad quién había realizado cada consulta.
«Lo que nos dan son datos totalmente ilegibles e imposibles de hacer una trazabilidad»
Loreto sostiene que algunos de estos accesos podrían no responder a una finalidad asistencial. Además, asegura que tuvo incluso que solicitar la información necesaria para interpretar la documentación recibida. «No me facilitan ni la leyenda de información para poder entender algo de la documentación», sostiene.
Desde entonces, la familia, según ha podido comprobar Galerna Press a través de la documentación facilitada, ha solicitado en varias ocasiones los registros de acceso, ha recibido información que considera insuficiente, ha acudido a la vía judicial y ha detectado discrepancias entre determinados accesos y las citas médicas que constaban en los registros asistenciales.
2023: una reclamación formal
En 2023, Loreto presentó un escrito formal actuando como letrada de su hermana. En él comunicaba al Servicio Cántabro de Salud que la familia tenía conocimiento de accesos al historial clínico de Carmen y de otros familiares.
La reclamación hacía referencia también a jurisprudencia relacionada con accesos indebidos a información protegida por parte de funcionarios y trabajadores públicos. «Les hago conocedores otra vez de lo que está sucediendo, de que hay muchos casos más similares en otras comunidades autónomas, de otros organismos públicos que acceden a información sensible que no se puede consentir», explica.
«Son datos de salud, no estamos hablando aquí de que están entrando en saber qué color es el pantalón que más nos ponemos, son datos de salud, extremadamente protegidos, que atacan directamente a la intimidad, a la intimidad individual y por ende a la intimidad familiar»
La respuesta, según Loreto, tardó aproximadamente un año. Durante ese periodo asegura que mantuvo numerosas conversaciones con personal administrativo y que recibió diferentes explicaciones sobre las dificultades para abordar el asunto.
Entre ellas, según su relato, que se había producido un cambio de Gobierno y de personal, que no estaba claro cómo debía actuarse o que no existía una normativa específica en Cantabria para resolver una situación de estas características.
Loreto asegura que llegó a conocer que el jefe de la Asesoría Jurídica del SCS y el director gerente habían mantenido reuniones sobre el asunto. Sin embargo, la respuesta final no incluyó, según la familia, una auditoría que permitiera conocer quién había accedido a las historias.
«La contestación es de vergüenza, ni siquiera me mandan la auditoría»
En la entrevista también afirma que la resolución se limitó a señalar que la normativa no contemplaba facilitar ese tipo de información o identificar a los usuarios. «Para acabar casi un año después en notificar una resolución en la que me dice que la normativa no contempla dar ese tipo de información ni identificación de ningún tipo», relata.
Marzo de 2025: fallece Carmen
En marzo de 2025 Carmen falleció.
La familia asegura que, durante las 33 horas aproximadamente que permaneció ingresada, se produjeron numerosos accesos a su historial clínico. Loreto sitúa en 211 los accesos registrados durante ese periodo.
«Mi hermana entra el sábado por la mañana, sobre las 11 de la mañana, y fallece el domingo sobre las 8 de la noche. Tiene 211 accesos, cuando el pronóstico era muy grave»
La cifra es uno de los principales elementos que la familia considera necesario investigar.
«¿Por qué mi hermana tiene 211 accesos en 33 horas?»
Loreto sostiene que, en una situación de urgencia, el acceso al historial debería estar relacionado con los profesionales encargados de atender a la paciente. «Ese número de enfermeras, de auxiliares y de médico, es quien tiene acceso directo a la historia», afirma.
También señala otro aspecto que considera relevante: la forma en la que, según su interpretación, se realizaban las búsquedas.
«A mi hermana, en el programa en el que la buscan, no la buscan por episodio. Se la busca con nombre y apellido. Por lo tanto, quien accede a ella en ese momento y todo el tiempo después la identifica»
Junio de 2025: la familia pide cerrar el historial
Tras el fallecimiento, la familia volvió a solicitar los historiales clínicos y pidió específicamente que se cerrara el de Carmen. La respuesta del SCS fue, según Loreto, que la normativa no contemplaba el cierre de historias clínicas de personas fallecidas. La familia no comparte ese criterio en las circunstancias concretas del caso.
«Mi hermana no estaba, ni está, ni puede estar en ningún estudio, en ningún tipo de estudio ni de investigación (…) No hay fin asistencial, el fin asistencial ya le hubo, y se acabó el 23 de marzo con mi hermana»
Según Loreto, el SCS respondió a su petición de cerrar el historial de Carmen que la normativa no contemplaba el cierre de las historias clínicas de personas fallecidas.
Los 211 accesos posteriores al fallecimiento
En esta etapa la familia recibió información sobre nuevos accesos registrados después del fallecimiento de Carmen.
La cifra inicial comunicada, según Loreto, fue de 211 accesos post mortem. Posteriormente, en junio de 2026, la familia recibió otros 40 registros, elevando la cifra a 251 accesos según la última documentación que asegura tener.
Loreto considera especialmente llamativos determinados horarios y fechas.
«Mi hermana fue donante (…) De los órganos que se donaron hay unos responsables que tienen que acceder a los resultados de esas analíticas que se hacen por X motivo»
Pero añade: «¿Cuántas personas pueden acceder? Cuatro. Accedes una vez, no accedes constantemente, no accedes a las cuatro de la mañana, a las seis, sábados, domingos…». La familia asegura haber detectado accesos durante la madrugada y en fechas posteriores al fallecimiento.
Uno de los elementos que más preocupa a Loreto es la posible existencia de problemas de trazabilidad.
Las discrepancias entre los accesos y las citas médicas
La familia decidió solicitar también un registro de asistencias médicas para poder comparar las fechas de los accesos con las ocasiones en las que Carmen había acudido realmente a un centro sanitario.
Según Loreto, ahí apareció una discrepancia que considera relevante.
«El 22 de enero del 2025 mi hermana acude al médico de cabecera. Ese registro no está en ninguno de los tres buscadores de los que se accede»
Sin embargo, asegura que aparece un acceso correspondiente al 19 de febrero de 2025, fecha en la que Carmen no habría acudido al médico de Atención Primaria. «Entonces la pregunta va más allá, ¿hay un problema de trazabilidad?», plantea.
«Si hubiese un problema de trazabilidad y ese registro no aparece, porque no se ha registrado, ¿cuántas veces han accedido a la historia de mi hermana?»
La familia considera que esta cuestión debe ser esclarecida antes de poder determinar el alcance real de los accesos.
Diciembre de 2025: la querella
En diciembre de 2025 los padres de Carmen interpusieron una querella por una posible vulneración de la intimidad familiar y por un posible delito relacionado con el acceso a información reservada, invocando los artículos 197 y 198 del Código Penal.
La querella fue inadmitida inicialmente. Según explica Loreto, el juzgado consideró que la persona agraviada era Carmen y que debía ser ella quien ejercitara la acción, algo que resultaba imposible debido a su fallecimiento.
«El agraviado en este caso es mi hermana, quien llevaba ya fallecida nueve meses»
La familia recurrió la decisión. Loreto sostiene además que existe un precedente en Cantabria que considera similar: un procedimiento relacionado con accesos al historial de una mujer fallecida, aunque en aquel caso se hablaba de 22 accesos.
«Encuentro un caso muy similar al nuestro en el que la Audiencia Provincial de Cantabria obliga al juez del número 4 a entrar a conocer de un supuesto que en vez de 211 accesos la mujer fallecida tiene 22»
Finalmente, según su relato, aquella familia decidió no continuar con el procedimiento.
Junio de 2026: 40 accesos más
En junio de 2026 Loreto volvió a solicitar los registros de acceso de todos los miembros de su familia. La nueva petición tenía también una finalidad procesal, según explica. El resultado fue la aparición de 40 accesos adicionales al historial de Carmen. La cifra total comunicada a la familia pasó así a 251 accesos posteriores al fallecimiento, según su documentación.
«Esta vez me facilitan 40 accesos más, es decir, ahora tenemos 251 accesos post mortem»
La familia decidió entonces acudir nuevamente a la vía policial.
La denuncia y los historiales de los padres
A finales de junio de 2026 los padres de Carmen presentaron una denuncia que no se limitaba al historial de su hija. También incluía determinados accesos que la familia considera injustificados en los historiales de sus padres.
«En el caso de mi madre, por ejemplo, revisando la documentación me doy cuenta de que hay tres accesos que claman al cielo y son el día 25 de marzo del 2025 sobre la una del mediodía»
Ese día, según afirma, la familia se encontraba en el funeral de Carmen.
«En ese momento estábamos en el funeral de mi hermana. Es imposible que mi madre estuviese en Valdecilla»
La familia asegura además haber identificado coincidencias entre algunos de los accesos detectados en las historias de los padres y los de Carmen.
La reacción policial
Según Loreto, inicialmente la familia encontró dificultades para que la denuncia fuera abordada como una posible cuestión penal.
«Lo primero que se me dice es que ‘esto es un claro ejemplo de protección de datos'»
Loreto sostiene que no considera que el asunto deba limitarse a una cuestión administrativa, dado que, según su interpretación, podrían estar afectados derechos fundamentales y la normativa penal relativa al acceso a datos reservados.
«El Código Penal en el artículo 197 y 198 contempla los supuestos de información a la que acceden los funcionarios públicos en datos sensibles»
También asegura que recibió comparaciones con otros ámbitos de la Administración. «Al igual que los policías no pueden acceder a la ficha policial de quien le dé la gana ni un inspector de Hacienda puede acceder a cualquier tipo de información de cualquier contribuyente».
Ante las respuestas recibidas, Loreto presentó finalmente una queja ante el jefe superior de Policía de Cantabria el 5 de agosto. Dos días después, según su relato, se produjo un movimiento en la investigación.
«El día 7 de agosto, después de llevar casi dos meses la denuncia puesta, la Policía solicita al juzgado que ordene al Servicio Cántabro de Salud que identifique a los sujetos que han accedido a las historias clínicas»
La familia considera ahora que esa identificación es el punto clave del procedimiento.
La identificación de los usuarios, todavía pendiente
La cuestión central para la familia es conocer quiénes están detrás de los accesos. Loreto sostiene que el Servicio Cántabro de Salud dispone de sistemas de trazabilidad suficientes para saber qué usuario accedió a cada historia. Ellos sabrán quién tiene acceso, cómo dan los accesos», afirma.
«Tendrán cribados de poder decir: el acceso M540, me lo invento, el acceso es a la persona que tiene el identificativo M40, ¿a qué historiales clínicos está accediendo?»
La familia considera necesario cruzar esa información con las funciones y centros de trabajo de cada usuario. «Si esta persona presta asistencia en un hospital y está accediendo a información en Valdecilla de gente que le corresponde Sierra Llana, ¿qué es lo que está pasando aquí?», plantea Loreto.
Agosto de 2026: un nuevo escrito a los responsables del SCS
El 14 de agosto Loreto presentó un nuevo escrito dirigido al director gerente del Servicio Cántabro de Salud y trasladado también al jefe de la Asesoría Jurídica, la Secretaría General, el consejero de Salud y la presidenta de Cantabria.
El objetivo, según explica, era dejar constancia formal de toda la situación.
«Lo que trato de comunicar a las otras cuatro partes es para que luego no digan: ‘no, es que yo no sabía nada’. Sí lo sabes, lo que pasa es que igual no te interesa saberlo, pero sí lo sabes»
Loreto asegura que hasta ahora la respuesta de la Administración que conoce se ha limitado a la comunicación del consejero de Salud, quien, según su relato, trasladó el asunto al departamento de Humanización para tratar de esclarecerlo.
La abogada critica que, desde que comunicó por primera vez la existencia de posibles accesos indebidos en 2021, no se haya abierto una investigación interna que, según ella, permita determinar qué ocurrió.
«Cuando pongo en conocimiento que están accediendo a la historia clínica de mi hermana y de todos, pero especialmente de mi hermana, ni siquiera se abrió una investigación en el propio Servicio Cántabro de Salud»
El temor de la familia: que desaparezcan los registros
Uno de los principales temores que expresa ahora Loreto es que los historiales o los registros de acceso puedan ser modificados o eliminados.
«El gran miedo que tenemos ahora la familia es que borren el historial clínico. ¿Qué sucede si borran el historial clínico? Que la responsabilidad penal se acabó»
Loreto insiste en que, desde su perspectiva, mientras no se identifique a quienes accedieron y no se determine la causa de cada acceso, la familia no puede conocer el alcance real de lo sucedido.
También apunta a otra cuestión que considera especialmente importante: la existencia de accesos que aparecen en horarios que, a su juicio, no parecen coincidir con una asistencia sanitaria.
Una preocupación que va más allá de Carmen
Para Loreto, el caso de su hermana no debería analizarse únicamente como un conflicto familiar.
«Estoy completamente segura de que no es el caso de mi hermana solo»
Asegura haber recibido mensajes de otras personas que le han contado experiencias similares.
«He recibido llamadas, correos de muchísima gente de Valdecilla que me está contando casos que se te ponen los pelos de punta»
En su opinión, el problema afecta a la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario.
«Que nadie tenga miedo de ir al médico para que un tercero no sepa de él y peor aún, condicione con esa información y trate de hacer daño con esa información (…) Esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar que alguien comunique a un organismo público que se está accediendo a material tan sumamente sensible y que no se haga nada»
¿Qué reclama ahora la familia?
La familia reclama que se identifique a los usuarios que accedieron a los historiales, que se determine el motivo de cada acceso y que se depuren las responsabilidades que correspondan si se acredita que alguno de ellos no estaba justificado.
«Considero que además de existir una responsabilidad a la hora de determinar quiénes han accedido, el motivo por el que lo han hecho y cuando no esté justificado (…) Lo que solicito y lo que espero que acabemos consiguiendo es responsabilidad administrativa y penal para quien la tenga, que haya accedido sin autorización y, por supuesto, que dentro de la Administración se depuren responsabilidades»
La familia también reclama explicaciones sobre por qué, después de la primera advertencia realizada en 2021, siguieron apareciendo accesos que considera sospechosos.
«¿Por qué, si se avisa desde el 2021, se sigue consintiendo esas actuaciones? ¿Por qué se permite que siga sucediendo?», se pregunta.
La cuestión de la aplicación de salud
Durante la entrevista, Loreto también pone el foco en la información que los propios pacientes pueden consultar sobre los accesos a sus historias clínicas a través de las herramientas digitales del Servicio Cántabro de Salud, como su aplicación móvil. Según explica, considera que esa información puede no reflejar todos los accesos. «Esa manera de mirar ese sistema no funciona. No funciona», afirma.
Por ello, recomienda solicitar formalmente una auditoría de accesos y, en paralelo, un registro de las asistencias médicas para poder comparar ambos documentos. «Que lo remitan al departamento correspondiente en el que se solicita una auditoría de sus accesos clínicos para conocer quién ha accedido al historial», explica.
La dificultad, según Loreto, está también en reconstruir años después las citas médicas de una persona. «Tiene que tener una memoria brillante para acordarse efectivamente de qué día ha ido al médico o no», señala.
Un procedimiento todavía abierto
A día de hoy, según la información aportada por Loreto, la Policía ha solicitado al juzgado que se requiera al Servicio Cántabro de Salud para identificar a los usuarios relacionados con los accesos incluidos en la denuncia.
La familia sostiene que el SCS ha trasladado la petición a su Asesoría Jurídica para determinar cómo proceder. Mientras tanto, la identificación de los usuarios permanece pendiente.
En paralelo, la familia ha presentado el desistimiento del recurso contra la inadmisión de la querella que habían interpuesto en diciembre de 2025. Según explica Loreto, aquella decisión judicial sostenía que quien debía ejercitar la acción era Carmen, pese a que había fallecido.
En los últimos días, además, Loreto ha mantenido conversaciones con responsables del área de Humanización del SCS para conocer el estado de las actuaciones. Según relata, se le ha trasladado que se están revisando los protocolos y que existe un plazo para comunicar quiénes han accedido al historial.
Durante esa conversación, Loreto preguntó qué ocurriría una vez identificados los usuarios y si el Servicio Cántabro de Salud contempla la apertura de expedientes sancionadores o si facilitará los nombres a la familia para que pueda valorar otras vías legales.
Según su relato, la responsable de Humanización le respondió que “todavía no podía concretar qué procedimiento se seguiría, ya que la decisión sobre la apertura de posibles expedientes sancionadores no dependía de ella”.
Para Loreto, esta respuesta abre una nueva cuestión: qué protocolo o normativa aplicará el SCS una vez se identifique a las personas relacionadas con los accesos y cómo se comunicará esa información a los afectados.
El caso, por tanto, continúa abierto en distintas vías mientras la familia espera que se identifique a los usuarios que figuran detrás de los accesos y se determine qué ocurrió en cada caso.
«Yo soy totalmente consciente de a lo que nos estamos enfrentando, a quien nos estamos enfrentando es un gigante»
Reconoce que no espera una solución inmediata.
«Soy consciente de que esto no se va a solucionar rápido, vamos a estar muchísimos años»
Pero mantiene el objetivo de llegar hasta el final.
«Principalmente lo que quiero conseguir es que no vuelva a pasar (…) Que nadie tenga miedo de ir al médico para que un tercero no sepa de él»
