Es jueves 17 de septiembre, el mismo día en que arranca El Último Desembarco de Carlos V con su desfile inaugural. Miguel González, alcalde de Laredo desde 2023, atiende a Galerna Press a las puertas del pregón, con la Semana Grande y la Batalla de Flores todavía recientes: este año, dice, con un «récord histórico de afluencia de público». Antes de entrar en los asuntos más espinosos de la legislatura, hace balance de un verano que considera «potente», con la vuelta a Laredo de la final de España de balonmano playa —perdida durante los gobiernos socialistas y recuperada, asegura, nada más llegar él al cargo— y una Semana Grande consolidada en solo tres ediciones.
Ese verano, sin embargo, también ha estado marcado por un episodio que saltó a los medios de comunicación nacionales: dos agresiones a jóvenes vascos que algunos llegaron a calificar de «cacería». González defiende que se trató de una «injusticia» mediática por la desproporción entre los hechos —dos denuncias, una archivada y otra con los presuntos agresores ya identificados— y la repercusión que tuvo, y reprocha a buena parte de la oposición, con la excepción del PSOE, no haber salido a defender el nombre de su municipio.
El resto de la entrevista recorre los frentes abiertos de su mandato: los presupuestos bloqueados por la oposición, la reciente expulsión de una edil en pleno, la polémica urbanística sobre unos terrenos de su padre, el largo proceso para sacar adelante el nuevo paseo marítimo, y sus planes de vivienda pública de cara a las elecciones de 2027, a las que ya confirma que se presenta.
«Una injusticia»: la polémica de las agresiones a vascos
González insiste en separar lo ocurrido de cómo se contó: condena «cualquier acto vandálico venga de donde venga y vaya hacia quien vaya», pero rechaza que la magnitud real de los hechos —dos denuncias, con los presuntos responsables de una de ellas ya identificados por la Policía y el caso en manos de la justicia— justificara que unos «titulares completamente sensacionalistas» etiquetaran el nombre de Laredo en toda España, con medios llegados de toda España para cubrir lo que él resume como «una injusticia». Define esas semanas como «duras», marcadas por lo que llama «una soledad absoluta» frente al resto de la oposición: recuerda que en las fiestas de Bilbao se producen «cientos de denuncias» cada año sin la misma repercusión, y defiende el carácter acogedor de un municipio que vive del turismo: «el 99,9% de los laredanos somos gente trabajadora, gente de bien», y avisa de que «estigmatizar a todo un municipio» es algo que «no voy a consentir como alcalde». Reprocha especialmente que partidos como Unidos por Laredo o Hacemos Laredo, que llevan el nombre del municipio en sus siglas, no salieran a defenderlo: «salen por bobadas a atacar al alcalde, pero no salen a defender a los laredanos. No lo entiendo», lamenta, y solo agradece el respaldo del PSOE local y de la Delegación del Gobierno, con la que compareció conjuntamente en su momento.
El episodio tiene, además, una derivada personal que González cuenta por primera vez con detalle: una entrevista en la televisión pública vasca ETB, en la que apareció con la camiseta de la Real Federación Española de Balonmano, con la bandera de España, le costó semanas de insultos en redes sociales. «Me llamaron de todo, facha, fascista», relata, con mensajes que llegaron incluso a los perfiles de su familia —calcula unos 2.000 comentarios entre dos redes distintas— y que le llevaron a evitar viajar al País Vasco durante más de un mes. Lo contrasta con lo vivido en Laredo esta Semana Grande, cuando el municipio recibió indistintamente aficionados del Racing y del Atlético de Madrid sin ningún incidente: «aquí tú puedes pasear perfectamente con una camiseta de la Real, del Athletic, de lo que tú quieras», sostiene, y se pregunta si él hubiera podido pasear por el País Vasco con la misma libertad con la camiseta que llevaba.
Turismo, vivienda y los fondos que Laredo no pidió
Sobre la gestión de un municipio que multiplica por diez su población en verano —de unos 11.000 habitantes a picos de 140.000 o 150.000 personas—, González destaca el refuerzo de la Policía Municipal y de los servicios de limpieza, y reconoce la presión que soporta el hospital comarcal, compartido con otros municipios de la zona que también se multiplican en temporada alta. Ahí traza además una conexión directa con el problema de la vivienda: sostiene que la dificultad para encontrar alojamiento en la zona complica cubrir vacantes de médicos y enfermeros en plena temporada estival, «porque a veces las plazas están vacantes porque no quiere venir nadie», y avanza que estudian fórmulas para facilitar alojamiento a personal sanitario. Pone en valor además el nuevo carril bici inaugurado esta legislatura como apuesta por una movilidad más sostenible en un municipio, subraya, «prácticamente llano».
En materia de fondos europeos para el turismo, hace una autocrítica dirigida a sus predecesores: sostiene que los dos gobiernos socialistas anteriores nunca llegaron a presentar a Laredo a ninguna convocatoria de planes de sostenibilidad turística, a diferencia de municipios vecinos como Castro Urdiales, Noja o Santillana del Mar, que sí obtuvieron esos fondos europeos. «Fue una oportunidad de oro que perdimos», lamenta, y asegura que todo lo ejecutado desde que él gobierna se ha hecho con fondos propios del Ayuntamiento o con inversión del Gobierno de Cantabria.
En vivienda, contrapone su balance al de sus antecesores: frente a las «cero» viviendas sociales construidas por el PSOE en sus dos últimas legislaturas, cifra en más de 60 las que se están levantando o ya entregadas bajo su mandato, con un nuevo plan de vivienda de alquiler social que anuncia para «muy pronto». Vincula ese esfuerzo a un nuevo Plan General de Ordenación Urbana —el actual data de 1987— que, sostiene, permitiría aumentar la oferta de suelo y, con ello, moderar los precios: «cuando haya más oferta, la demanda va a ir bajando, y el precio de la vivienda bajará», argumenta, aunque admite que se trata de un proceso administrativo «muy largo», del que ya existe un estudio de viabilidad.
Ese nuevo planeamiento urbanístico es, precisamente, el origen de la polémica más citada de su mandato: una modificación puntual para facilitar la construcción de hoteles, que la oposición vinculó a un local que su padre heredó de su abuelo hace décadas. González lo reduce a un problema técnico: sostiene que la modificación se limitaba a regular el uso de varias manzanas del municipio, incluyendo locales que se habían quedado fuera de una ordenación anterior de 2020 por un olvido del arquitecto municipal, y niega cualquier revalorización: «ni el local va a valer más, ni el local va a valer menos», zanja. Defiende además que, en un municipio pequeño, es habitual que algún familiar de los 17 concejales tenga alguna propiedad afectada por un plan que abarca todo el término municipal, y recuerda que la Secretaría municipal avaló entonces la normalidad institucional de su voto.
Presupuestos bloqueados y un pleno «muy duro»
González defiende su balance presupuestario frente al de sus predecesores: recuerda que el PSOE solo logró aprobar un presupuesto en sus ocho años de gobierno, mientras que él ha aprobado dos en tres años y se dispone a presentar el cuarto, correspondiente a 2027. El de este año, sin embargo, se quedó por el camino: Unidos por Laredo presentó alegaciones que acabaron tumbándolo, dejando en el aire, según detalla, el nuevo bono comercio, el calendario de pagos a las asociaciones y parte de la financiación ya prevista para el nuevo PGOU. «Ha perdido el pueblo, que no se piensen que ha perdido este alcalde», advierte, y asegura que seguirá gestionando y pidiendo financiación al Gobierno regional pese al varapalo.
Sobre la dificultad de gobernar con un pleno tan fragmentado —su equipo de gobierno incluye a Izquierda Unida-Podemos junto al PP, algo que reconoce que sorprende a quien no conoce la política municipal—, defiende que la ideología ha quedado en un segundo plano frente al interés compartido por sacar adelante obras concretas, desde el nuevo campo de hierba artificial hasta el paseo marítimo. Pone como ejemplo al concejal Alejandro Abad, al que Izquierda Unida expulsó de su militancia por seguir formando parte de su equipo de gobierno. Reconoce, eso sí, que los plenos pueden llegar a ser «muy broncos»: el 29 de agosto tuvo que expulsar de la sala a la portavoz de Hacemos Laredo, Rosalina López, después de que, según su versión, «perdiera los papeles» y no respetara los turnos de palabra. Asegura que la relación se ha normalizado desde entonces, aunque precisa que no ha vuelto a coincidir con ella.
El proyecto que mejor resume esa tensión con la oposición es el nuevo paseo marítimo: un proyecto que, según relata, sobrevivió a dos votaciones en contra antes de sacarse adelante gracias a un cambio de sentido del voto del PRC, pese a contar con todos los permisos necesarios y una financiación del 100% a cargo del Gobierno de Cantabria, superior a los ocho millones de euros. «La tercera fue la vencida», resume, y confirma que el proyecto está ya en fase de supervisión regional, con la licitación de las obras prevista para lo que queda de legislatura.
El CAD y Cantabristas, dos asuntos que evita
Preguntado por las quejas del personal del CAD de Laredo, el centro de atención a personas con discapacidad que ha protagonizado varias concentraciones por falta de plantilla, González elude entrar en el fondo: recuerda que la competencia es de la consejera regional, Begoña Gómez del Río, y se limita a señalar que el Gobierno de Cantabria ha invertido 600.000 euros este año en acondicionar las instalaciones exteriores del centro. «Hay cosas que se me escapan de mis competencias», sostiene, aunque confía en que la negociación entre las partes implicadas «llegue a buen puerto».
Sobre la denuncia de Cantabristas por impedir un acto del partido, tampoco entra en detalles: al estar judicializado el asunto, prefiere no hacer ninguna declaración hasta que llegue el momento procesal oportuno. «Estoy completamente tranquilo al respecto», se limita a decir.
Deporte y el balance de una legislatura «de cambio»
En deporte, González destaca la relación «excepcional» mantenida con los tres presidentes que ha tenido el Club Deportivo Laredo durante su mandato, y presume de estar terminando con fondos propios un campo de hierba artificial en San Lorenzo que la oposición también rechazó financiar en su momento, pensado para las entre 400 y 500 familias con hijos jugando al fútbol en el municipio. Atribuye al propio club, y no a su gestión, el mérito de haber atraído a Laredo amistosos del Racing y del Atlético de Madrid durante el verano.
De cara al balance final de la legislatura, la resume como la de la «nueva transformación» de un municipio que, sostiene, necesitaba un cambio tras el desgaste de PSOE y PRC en las urnas de 2023. Recuerda su primer día en el cargo, un lunes 19 de junio de 2023, como una buena muestra del «impacto brutal» de pasar de la oposición a la alcaldía: nada más llegar, sin secretaria ni equipo todavía asignado, tuvo que atender una avalancha de llamadas de medios nacionales por una pelea multitudinaria en un supermercado del municipio ocurrida el día anterior, de la que él ni siquiera tenía noticia. Pese a esos «impedimentos», sostiene que con un gobierno en minoría ha logrado sacar adelante más obras que ningún otro anteriormente: «que cierren los ojos y se imaginen qué es lo que podría yo hacer con una mayoría», plantea.
Confirma que se presentará a la reelección en 2027 con el objetivo de lograr una mayoría «suficiente y holgada» que le permita gobernar sin los bloqueos sufridos esta legislatura —»voy a ganar lo máximo posible», resume—, con la aspiración declarada de convertir a Laredo en «la capital de la Costa Esmeralda». Adelanta los proyectos que espera cerrar antes de las elecciones: terminar el campo de hierba artificial, cubrir los parques infantiles, completar el asfaltado de calles, inaugurar el nuevo parque de Los Tres Laredos, presentar el anteproyecto de accesibilidad a la Puebla Vieja y licitar, por fin, las obras del nuevo paseo marítimo.
