El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, solicitará comparecer a petición propia en el Parlamento de Cantabria para analizar los resultados del informe PISA 2025 y abordar las medidas que, a su juicio, deben adoptarse ante la evolución de los indicadores educativos.

Silva ha trasladado esta posición durante su participación en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, donde ha defendido la necesidad de abrir un debate nacional sobre los resultados y ha reclamado una respuesta coordinada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. El consejero ha señalado que los datos deben analizarse teniendo en cuenta los distintos factores que influyen en el sistema educativo.

El responsable cántabro de Educación ha cuestionado además la ausencia de una respuesta que, según ha señalado, debería estar liderada por el Ejecutivo central. Silva ha defendido abordar la situación «con responsabilidad y sin mirar para otro lado» y ha planteado que las administraciones educativas analicen tanto la LOMLOE como el resto de elementos que pueden estar relacionados con la evolución de los resultados.

Durante la Conferencia Sectorial también se han tratado asuntos relacionados con la Formación Profesional, la educación inclusiva y las ratios en la etapa de 0 a 3 años.

Cantabria reclama cambios en el reparto de fondos de FP

En materia de Formación Profesional, Cantabria se ha pronunciado sobre el reparto territorial de los fondos del Programa EFESO para impulsar y mejorar estas enseñanzas. Silva ha defendido que la distribución de recursos vaya acompañada de una evaluación de los resultados y de una planificación que permita corregir las dificultades detectadas durante la implantación de la nueva FP.

El consejero ha cuestionado que el Ministerio continúe centrando la actuación en el reparto de fondos sin abordar, según ha señalado, aspectos como la coordinación con las comunidades autónomas, la existencia de indicadores comunes para medir resultados o las dificultades de los centros y empresas para desarrollar la FP Dual. Pese a estas reservas, Cantabria respaldó la propuesta para no quedar fuera del reparto de fondos.

Rechazo al Plan Estratégico de Educación Inclusiva

Otro de los puntos tratados fue el Plan Estratégico de Educación Inclusiva impulsado por el Ministerio. Silva ha recordado que Cantabria cuenta desde 2025 con su propia estrategia, «Cantabria es Inclusión», acompañada, según el Gobierno autonómico, de un incremento de profesionales de apoyo, refuerzo de los equipos de orientación y nuevos recursos especializados.

Cantabria ha defendido la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y de disponer de un marco común, pero ha cuestionado el documento presentado por el Ministerio por la ausencia de una memoria económica y de concreción operativa. También ha expresado sus reservas ante un modelo que, según el Ejecutivo cántabro, vincula en exceso la inclusión con la escolarización ordinaria.

Por estos motivos, Silva ha reclamado la retirada del documento para elaborar una nueva propuesta que incluya financiación suficiente y respete las competencias autonómicas. Ante la negativa del Ministerio, Cantabria votó en contra de su aprobación.

Oposición a la modificación de las ratios de 0 a 3 años

La Conferencia Sectorial también abordó una propuesta de modificación del Real Decreto 132/2010 sobre las condiciones mínimas de los centros educativos, especialmente en relación con las ratios de la etapa de 0 a 3 años.

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su oposición a la propuesta al considerar que la reducción del número de alumnos por aula debería ir acompañada de una memoria económica que permita determinar los recursos humanos y de infraestructuras necesarios para aplicarla.

Silva ha advertido de que, en el caso de Cantabria, los nuevos límites podrían reducir de forma significativa las plazas disponibles en las aulas de dos años actualmente en funcionamiento. El consejero ha reclamado al Ministerio «más diálogo, más respeto institucional y más corresponsabilidad financiera» y ha defendido que las nuevas medidas educativas deben incorporar planificación, evaluación y financiación suficiente.