Los bloques de Ballestas 7A y 7B afrontan una nueva etapa con el inicio de las obras de rehabilitación del inmueble, una actuación que permitirá recuperar cerca de 80 viviendas para destinarlas al alquiler asequible. El Ayuntamiento de Astillero ha concedido la licencia para ejecutar unos trabajos que tendrán una duración aproximada de un año.
La actuación llega después de varios años en los que el edificio estuvo marcado por la ocupación de viviendas y por los problemas de convivencia denunciados por los vecinos. Sin embargo, mientras el Ayuntamiento pone ahora el foco en la recuperación del inmueble y en su futuro uso residencial, la comunicación realizada sobre el proyecto no hace referencia a las familias que residían legalmente en los bloques y que tuvieron que abandonar sus hogares durante el periodo de deterioro de la situación.
Años de conflictos y familias obligadas a marcharse
Los bloques de Ballestas fueron durante años el hogar de numerosas familias. La ocupación progresiva de los inmuebles fue acompañada, según las quejas trasladadas por los vecinos legales, de problemas como suciedad, destrozos y pintadas en las zonas comunes. También se produjeron cortes de suministros que llegaron a afectar a residentes que mantenían sus contratos en regla y estaban al corriente de sus pagos.
Una de las familias afectadas lamenta que, pese a haber residido legalmente en el edificio, nadie se haya puesto en contacto con ellos ante el nuevo proyecto de rehabilitación. “No nos han llamado para ofrecernos volver. Parece que no se acuerdan de que nos tuvimos que ir pese a que nosotros teníamos todo legal y fue una decisión suya la que nos forzó a buscar un nuevo alquiler. Es una sensación de impotencia tremenda”, señala.
Su testimonio pone el foco en la situación de los antiguos residentes que abandonaron sus viviendas durante los años de conflicto en los bloques de Ballestas. Mientras el proyecto anunciado ahora contempla recuperar cerca de 80 viviendas para destinarlas al alquiler asequible, las familias que tuvieron que marcharse aseguran que no han recibido ninguna comunicación sobre la posibilidad de regresar ni sobre su situación ante la rehabilitación del inmueble.
Ante los problemas generados en el entorno, el Ayuntamiento inició actuaciones encaminadas a recuperar los edificios. El proceso culminó con el desalojo definitivo de los ocupantes en enero de 2023, con la intervención de Policía y Guardia Civil y la colaboración de los vecinos. Desde entonces, los inmuebles permanecen cerrados y protegidos para evitar nuevas ocupaciones.
Cerca de 80 viviendas de alquiler asequible
La recuperación del edificio ha sido una reivindicación mantenida por el Ayuntamiento durante los últimos años. El pasado mes de agosto, el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, reclamó al Gobierno de Cantabria que impulsara las gestiones necesarias con la SAREB, propietaria de los inmuebles, para agilizar su recuperación y puesta en uso. El regidor ha criticado que, a su juicio, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga no haya avanzado en este sentido.
Ahora, con la licencia concedida, la rehabilitación permitirá transformar los bloques en cerca de 80 viviendas de alquiler asequible. El Ayuntamiento ha habilitado un registro para que las personas interesadas puedan facilitar sus datos y autorizar su traslado a la propiedad del inmueble. La inscripción puede realizarse mediante el formulario disponible en la web municipal o presencialmente en la primera planta de la Casa Consistorial.
Fernández Soberón ha destacado el cambio que supondrá la actuación para el entorno. “Donde antes había ocupación, inseguridad y preocupación, habrá cerca de 80 viviendas de alquiler asequible”, ha señalado el alcalde, que considera que el proyecto permitirá recuperar tanto el edificio como su entorno.
La actuación plantea así un nuevo uso para unos inmuebles que permanecían cerrados desde el desalojo, con la previsión de que las obras se prolonguen durante aproximadamente un año. El proyecto pone el foco en la creación de nuevas viviendas, mientras las familias que residían legalmente en Ballestas y que tuvieron que abandonar sus hogares reclaman que también se tenga en cuenta su situación y se les informe sobre el futuro de unos edificios que, durante años, fueron sus viviendas.

