El Ejecutivo de Buruaga presenta alegaciones al proyecto estatal de ayudas y considera que vincular la financiación a esta declaración discrimina a las comunidades que han optado por otras políticas
El Gobierno de Cantabria ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. El Ejecutivo autonómico considera que el texto convierte una decisión que la legislación establece como voluntaria en una condición de hecho para acceder a financiación estatal en materia de vivienda.
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha criticado el planteamiento del Gobierno central y ha asegurado que supone una diferencia de trato entre comunidades autónomas en función de las políticas de vivienda que hayan decidido aplicar. A juicio del Ejecutivo cántabro, los recursos estatales deberían distribuirse atendiendo a las necesidades existentes en cada territorio y no a la decisión de declarar o no una zona tensionada.
Media ha sostenido que la declaración de estas zonas es una facultad de las comunidades autónomas y ha cuestionado que pueda utilizarse como requisito para acceder a fondos públicos. “La ley dice claramente que declarar una zona tensionada es una facultad de las comunidades autónomas, no una obligación”, ha afirmado el consejero, que considera que el proyecto planteado por el Estado supone “un castigo económico” para los territorios que han optado por no aplicar esta herramienta.
El Gobierno de Cantabria considera que actuaciones como la construcción de vivienda asequible, la rehabilitación de edificios, la adquisición de suelo o el incremento del parque público son necesidades que pueden existir con independencia de que un territorio haya declarado zonas de mercado residencial tensionado. Por ello, sostiene que no existe una justificación objetiva para limitar estas ayudas a las comunidades que hayan adoptado dicha declaración.
Cantabria cuestiona la eficacia de las zonas tensionadas
Las alegaciones del Ejecutivo autonómico también ponen el foco en la eficacia de las zonas tensionadas como herramienta para abordar el problema de la vivienda. El Gobierno de Cantabria sostiene que existen análisis técnicos que cuestionan los efectos de estas medidas sobre el mercado del alquiler y apunta a posibles consecuencias sobre la oferta de vivienda disponible.
En este sentido, el Ejecutivo cita entre sus argumentos análisis realizados por la Universidad de Cantabria y sostiene que la aplicación de estas medidas puede estar relacionada con una reducción de la oferta de alquiler, sin que, según afirma, existan evidencias concluyentes sobre su capacidad para contener los precios. A partir de esta posición, el Gobierno autonómico defiende centrar las políticas de vivienda en aumentar la oferta residencial, movilizar suelo y ampliar el parque público.
“Construir vivienda asequible, rehabilitar inmuebles, adquirir suelo o incrementar el parque público son necesidades que existen en toda España”, ha señalado Media, que considera que estas actuaciones no deberían quedar condicionadas a una decisión concreta de política autonómica.
El consejero ha defendido así la estrategia de Cantabria, basada, según ha explicado, en criterios técnicos, seguridad jurídica y el aumento de la oferta residencial, y ha rechazado que el Ejecutivo central pueda condicionar la financiación estatal a la adopción de una determinada política de vivienda.
El Ejecutivo reclama igualdad en el reparto de fondos
El Gobierno cántabro considera además que el proyecto puede generar diferencias entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas al establecer un acceso diferente a los recursos estatales. Su argumento es que las necesidades relacionadas con la vivienda no desaparecen en los territorios que no han declarado zonas tensionadas y que sus ciudadanos deben poder beneficiarse igualmente de las políticas financiadas con recursos estatales.
Media ha rechazado que la financiación pueda utilizarse como mecanismo para influir en las decisiones de las comunidades autónomas y ha defendido que los fondos se distribuyan mediante indicadores objetivos relacionados con las necesidades de vivienda de cada territorio.
“Los impuestos de los cántabros valen exactamente lo mismo que los impuestos de cualquier otro español”, ha afirmado el consejero, que ha reclamado que los ciudadanos de Cantabria tengan las mismas posibilidades de acceso a las políticas estatales de vivienda que los residentes en otras comunidades.
El Ejecutivo autonómico ha anunciado que continuará defendiendo esta posición por las vías administrativas e institucionales y, si fuera necesario, mediante los mecanismos judiciales que considere oportunos. Cantabria reclama que el sistema previsto en el proyecto de Real Decreto sea modificado para que el reparto de fondos se base en criterios objetivos de necesidad y no en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
Media ha asegurado que el Gobierno regional no aceptará que la financiación estatal se utilice para condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas y ha reivindicado que Cantabria pueda desarrollar su propia política de vivienda sin que ello implique quedar excluida de recursos públicos estatales.
