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El PSOE acusa al PP de favorecer a las rentas altas con su política fiscal

Ainoa Quiñones en sala de prensa | Fuente. PSOE Cantabria
Ainoa Quiñones en sala de prensa | Fuente. PSOE Cantabria

Ainoa Quiñones sostiene que Cantabria ha dejado de recaudar 20 millones de euros de los impuestos a grandes patrimonios y reclama una fiscalidad progresiva para reforzar los servicios públicos

El PSOE de Cantabria ha reclamado al Gobierno regional del PP una política fiscal que, a juicio de los socialistas, garantice una mayor justicia social y permita disponer de más recursos para los servicios públicos. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha cuestionado la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y ha sostenido que la reducción de impuestos ha beneficiado principalmente a las rentas más altas.

Quiñones ha señalado que la recaudación fiscal de Cantabria ha aumentado un 17% pese a las modificaciones tributarias aplicadas por el Gobierno autonómico. Según los datos expuestos por la dirigente socialista, los ingresos procedentes del Impuesto de Patrimonio pasaron de 23 millones de euros en 2023 a 8 millones en 2025, mientras que la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones descendió de 33 a 28 millones durante el mismo periodo.

A partir de estas cifras, el PSOE calcula que Cantabria ha dejado de ingresar 20 millones de euros procedentes de estos impuestos respecto a 2023. Quiñones ha defendido que esos recursos podrían haberse destinado a reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas sociales.

La portavoz socialista ha criticado la que considera una contradicción en la política del Gobierno de Cantabria, al reclamar eficiencia en la gestión mientras, según su valoración, se reducen determinadas fuentes de ingresos públicos. «Una política fiscal no se juzga por el eslogan, se juzga por las consecuencias», ha afirmado Quiñones, quien ha cuestionado que la rebaja fiscal anunciada por el PP haya supuesto un beneficio generalizado para la ciudadanía.

El PSOE sostiene que la política tributaria debe utilizarse también como herramienta de redistribución de la renta. En este sentido, Quiñones ha defendido que quienes tienen mayores ingresos y patrimonios deben realizar una mayor aportación al sistema para contribuir a financiar los servicios y las políticas públicas dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

La dirigente socialista ha vinculado la reducción de los ingresos procedentes de los impuestos sobre patrimonio y sucesiones con algunas de las dificultades que, según el PSOE, afrontan actualmente los servicios públicos de Cantabria. Ha citado, entre otros ejemplos, el cierre de consultorios rurales durante el verano, la reducción de aulas y el despido de docentes, aunque estas afirmaciones forman parte de la valoración política realizada por el partido.

Quiñones ha cuestionado también que la reforma fiscal pueda presentarse únicamente como una reducción de impuestos y ha reclamado analizar qué contribuyentes son los principales beneficiarios de cada medida. A su juicio, los datos de recaudación muestran que Cantabria ingresa más en términos globales pese a haber reducido los ingresos procedentes de determinados tributos que afectan a las rentas más altas y a los grandes patrimonios.

Frente a la política fiscal del Ejecutivo autonómico, el PSOE plantea una fiscalidad que considera «progresiva, justa y suficiente», con una mayor protección para las rentas bajas y medias y una mayor contribución de las grandes fortunas, patrimonios y grandes tenedores. Quiñones también ha reclamado reforzar la lucha contra el fraude fiscal para garantizar los recursos necesarios para sostener los servicios públicos.

La portavoz socialista ha defendido que los ingresos tributarios permiten financiar ámbitos como la sanidad, la educación, las carreteras, las becas, la dependencia, las ayudas a las familias y la vivienda pública. Por ello, ha concluido que el debate sobre los impuestos debe centrarse en las consecuencias de las decisiones fiscales y en su capacidad para garantizar recursos suficientes para las políticas públicas.

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