El portavoz socialista, Mario Iglesias, reclama al Gobierno de Buruaga una “revisión profunda” del proyecto y pide reforzar la autonomía, protección y medios de los docentes
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y la Convivencia Escolar del Gobierno de Cantabria al considerar que el texto no garantiza a los docentes la “capacidad real y efectiva” ni los medios, tiempo y recursos necesarios para ejercer su autoridad.
El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha reclamado al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga una “revisión profunda” de la propuesta y ha defendido que la futura norma debe ir más allá del reconocimiento jurídico de la autoridad docente. “No queremos una ley que simplemente diga que el profesorado es autoridad. Queremos una ley que haga posible que esa autoridad sea respetada, ejercida y respaldada”, ha señalado.
Los socialistas consideran que el proyecto, de apenas 17 o 18 páginas, recoge derechos y mecanismos que en buena medida ya están contemplados en la legislación estatal y autonómica, pero deja insuficientemente desarrolladas las condiciones necesarias para que los docentes puedan ejercer su autoridad de manera efectiva. Por ello, Iglesias ha advertido del riesgo de generar duplicidades y aumentar la complejidad normativa sin aportar nuevas herramientas para los centros educativos.
El PSOE reclama que el reconocimiento de la autoridad docente se traduzca en autonomía profesional, respeto a los criterios pedagógicos, protección frente a presiones indebidas, apoyo jurídico, formación y reconocimiento de las responsabilidades del profesorado. A ello suma la necesidad de contar con plantillas suficientes, personal especializado, profesorado de apoyo, ratios adecuadas, tiempo para la coordinación y la tutoría y equipos de convivencia con capacidad real de intervención.
Iglesias ha defendido además un modelo de convivencia basado en la prevención y la mediación, con participación de las familias y el alumnado, educación emocional y prácticas restaurativas. A su juicio, la respuesta ante los conflictos no debe limitarse a castigar las conductas, sino también proteger a las víctimas, evitar su revictimización y trabajar para que las situaciones no vuelvan a producirse.
El portavoz socialista ha reclamado asimismo medidas específicas frente a nuevas formas de violencia vinculadas al entorno digital, como el ciberacoso, las grabaciones no autorizadas, la difusión de imágenes, la suplantación de identidad o las campañas de hostigamiento en redes sociales. “La violencia no termina al salir por la puerta del centro y puede prolongarse en espacios digitales”, ha advertido.
Para Iglesias, una ley de autoridad docente debe afrontar también los problemas estructurales que afectan a los centros y evitar que el profesorado tenga que asumir simultáneamente funciones docentes, tutoriales, de mediación y convivencia sin disponer del tiempo y los recursos necesarios. “El problema no se resuelve otorgando más autoridad formal al profesorado si no se le proporcionan los medios para ejercerla”, ha concluido.
