La consejera de Ganadería acusa al secretario de Estado de utilizar la especie como “arma política” y asegura que el MITERD pretende justificar su vuelta al LESPRE

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha acusado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de cuestionar los datos sobre la población de lobo aportados por Cantabria y de utilizar la situación de la especie como un elemento de confrontación con el sector primario. Susinos ha respondido así a las declaraciones realizadas por Morán durante su presencia en Santander, donde aseguró que no iba a renunciar a la interpretación de la comunidad científica por asumir un criterio político y que no trasladaría a la Comisión Europea las cifras de población de lobo aportadas por Cantabria al considerar que no se acomodan a la realidad.

Susinos ha defendido que el Gobierno de Cantabria dispone de información elaborada por sus propios técnicos y ha asegurado que no permitirá que se cuestione su trabajo. “No podemos permitir que el secretario de Estado eche por tierra y ponga en duda el trabajo serio, riguroso y profesional de los técnicos del Gobierno de Cantabria”, ha afirmado la consejera, que también ha cuestionado quién forma parte de la comunidad científica a la que hace referencia Morán y si cuenta con profesionales reputados.

La titular de Ganadería ha acusado al secretario de Estado de utilizar el lobo como “arma política” contra el sector primario y, especialmente, contra los ganaderos que sufren los ataques de esta especie. A su juicio, el Gobierno de España ha optado por priorizar las posiciones de organizaciones ecologistas frente a las demandas de los profesionales de la ganadería que conviven diariamente con la presencia del lobo.

Susinos ha considerado que la actitud del secretario de Estado “roza ya el vacile a los ganaderos de las comunidades autónomas con presencia de lobo”, al tiempo que ha calificado de “muy grave” la situación que atraviesa el sector. La consejera considera que la presencia de la especie y los ataques a la cabaña ganadera comprometen la viabilidad de las explotaciones y afectan directamente a los profesionales que desarrollan su actividad en el medio rural.

La responsable autonómica ha defendido que el problema no se limita a los daños ocasionados por los ataques del lobo, sino también al coste que supone para los ganaderos mantener una actividad compatible con una especie que, según ha señalado, carece de depredadores naturales. En este sentido, ha criticado que los profesionales tengan que asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Gobierno central en materia de protección de la especie.

La consejera ha recordado que durante los años en los que el lobo estuvo incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y quedó prohibido el control de su población, se produjo, según su valoración, una ruptura del equilibrio existente y un incremento significativo del número de ejemplares.

Según los datos aportados por Susinos, Cantabria cuenta actualmente con 25 manadas y 177 lobos, presentes en más del 80% del territorio autonómico y con presencia incluso en zonas costeras. La consejera ha defendido estos datos frente a las objeciones planteadas por el secretario de Estado y ha insistido en que la comunidad autónoma dispone de información propia sobre la evolución de la población de la especie.

Susinos ha destacado asimismo que Cantabria cuenta con un Plan de Gestión del lobo que, según ha señalado, está avalado por el Tribunal Supremo. La consejera ha insistido en que la posición del Ejecutivo autonómico no pasa por acabar con la especie, sino por controlar su población para hacer compatible su presencia con la ganadería extensiva, una actividad tradicional de Cantabria.

“En Cantabria no queremos acabar con el lobo, sino controlar su población para hacerla compatible con la ganadería extensiva, una actividad tradicional de nuestra región”, ha señalado Susinos. La consejera ha advertido de que, si no se alcanza ese equilibrio, “quien acabará desapareciendo será el ganadero”.

La responsable de Desarrollo Rural también se ha reafirmado en su acusación de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) pretende falsear los datos sobre la población de lobo con el objetivo de justificar su vuelta al LESPRE. A su juicio, el Gobierno central pretende ignorar la información aportada por las comunidades autónomas en las que está presente la especie y anteponer criterios ideológicos a la realidad que viven los ganaderos.

Susinos ha criticado específicamente que el Gobierno de España no tenga en cuenta los datos aportados por Cantabria y ha defendido que las decisiones sobre la gestión del lobo deben partir de información contrastada y de la realidad de los territorios afectados. Para la consejera, las comunidades autónomas con presencia de la especie deben tener un papel relevante en la definición de las medidas de gestión y control.

El enfrentamiento entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio se centra así en la interpretación de los datos sobre la población del lobo y en las consecuencias que pueda tener su régimen de protección. Mientras Cantabria defiende sus propios datos y reclama capacidad para gestionar la población de la especie, Susinos acusa al Ejecutivo central de cuestionar el trabajo técnico de la comunidad y de preparar el terreno para recuperar la protección del lobo bajo el LESPRE.

La consejera ha insistido finalmente en que la gestión de la especie debe permitir compatibilizar su conservación con la supervivencia de la ganadería extensiva y ha reclamado que las decisiones se adopten teniendo en cuenta la situación real de los territorios y de los profesionales afectados.