El Ayuntamiento tiene tres días para presentar alegaciones sobre las medidas cautelares solicitadas por la formación, que acudió a los tribunales tras finalizar sin respuesta el plazo concedido al equipo de Gobierno
El juzgado ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida (IU) de Santander contra el cierre al tráfico del vial de la calle Marcelino Sanz de Sautuola bajo el arco del Banco Santander, después de que el Ayuntamiento dejara transcurrir sin respuesta el requerimiento formal previo de remisión de la documentación que avale la actuación, y la reclamación para restablecer el tráfico y recuperar el recorrido original de la línea 5C2.
El procedimiento continuará tramitándose durante el mes de agosto, ya que el juzgado ha admitido la pieza separada en la que se pedían habilitar los días necesarios. Tras solicitar IU la adopción de medidas cautelares, el juzgado ha dado al Ayuntamiento un plazo de tres días para presentar alegaciones antes de resolver sobre ellas. Aunque la formación había pedido inicialmente que estas medidas pudieran adoptarse de forma inmediata, sin esperar a las alegaciones municipales, el juzgado ha considerado que existe margen para escuchar antes al Ayuntamiento y resolver antes de que se consoliden circunstancias que hagan irreversible el cierre.
Entre las medidas solicitadas, IU pide con carácter principal la reapertura provisional del vial mientras se resuelve el procedimiento, permitiendo al menos el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios de emergencia y de reparto de mercancías. De forma subsidiaria, ha pedido que el Ayuntamiento no pueda adoptar actuaciones que consoliden el cierre o dificulten la recuperación posterior del vial hasta que exista resolución judicial.
El concejal de IU, Keruin Martínez, ha valorado la admisión a trámite como el inicio de «una nueva fase» tras meses reclamando al equipo de Gobierno explicaciones y documentación sobre una decisión que ha supuesto el cierre de un vial público y la modificación permanente del recorrido del transporte urbano. «Este tema es grave: que se pueda aprovechar una obra privada para transformar un vial público sin que exista la documentación administrativa que justifique esa decisión y sin que el ayuntamiento, que ha de velar por el bien común, haya mirado para otro lado», ha señalado.
Martínez ha ilustrado el conflicto con un ejemplo: «Es como si te dan una licencia para reformar tu casa y aprovechas esas obras para actuar sobre la calle de al lado y quedártela. Aquí había una autorización vinculada a unas obras en un edificio, pero llevamos meses preguntando qué acto, informe o procedimiento permite cerrar el vial y modificar de forma permanente el tráfico y la línea de autobús. Hoy sabemos que no obra en poder de los servicios municipales ningún expediente relacionado con esa actuación».
IU acudió a la vía judicial tras agotar el plazo del requerimiento previo presentado el pasado 6 de agosto y dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, en el que reclamaba al Ayuntamiento que restableciera la legalidad, recuperara el paso bajo el arco y restituyera el recorrido original de la línea 5C2, dando al equipo de Gobierno diez días hábiles para actuar antes de acudir a los tribunales. «Este es ya el segundo requerimiento que hacemos. Registramos otro hace tres meses sin obtener siquiera acuse de recibo. Esta vez les dimos una última oportunidad para resolverlo antes de llegar a los juzgados, y ni siquiera han contestado», ha criticado Martínez.
La formación ha recordado que el cierre afecta especialmente a los usuarios de la línea 5C2 y a los barrios que han perdido las dos paradas existentes en este entorno. La campaña para recuperar el recorrido original, iniciada por el propio Martínez, ha sido respaldada por más de 3.400 firmas. El juzgado deberá resolver ahora sobre las medidas provisionales solicitadas una vez recibidas las alegaciones del Ayuntamiento, si bien la decisión que adopte en esta fase tendrá carácter provisional y no prejuzgará la resolución definitiva sobre el cierre del vial.
«Llegar a los tribunales nunca fue nuestro objetivo, sino el último recurso después de haber agotado todas las demás vías», ha concluido Martínez. «Lo que queremos sigue siendo exactamente lo mismo que desde el principio: que se respete la legalidad y que los vecinos recuperen su autobús».
