Mucho antes de que los centros de menores migrantes se convirtieran en uno de los debates más encendidos de la política cántabra, la Fundación CUIN Atención y Ayuda a la Infancia y Juventud de Cantabria ya llevaba décadas haciendo exactamente ese trabajo. Desde su sede en Revilla de Camargo, Pedro Tresgallo dirige una entidad que nació en 1993 como asociación de vecinos y que es hoy una de las 8 entidades concertadas que en Cantabria se encargan de acoger a los menores que la administración regional tutela o tiene en guarda. “CUIN nació para atender a personas y para intentar mejorar la vida de las personas”, dice Tresgallo. Sencillo de enunciar, complejo de sostener durante más de 3 décadas.

Un servicio público externalizado

Cuando un menor en Cantabria entra en situación de riesgo o desamparo, la ley obliga a la administración autonómica a protegerlo. El problema es que el Ejecutivo regional apenas dispone de plazas propias para hacerlo. “No tiene ningún lugar, quitando un centro de acogida con unas 10 o 12 plazas”, explica Tresgallo. Todo lo demás recae en entidades como la fundación, que funcionan bajo un sistema de conciertos sociales, similar al de los colegios concertados en educación.

La entidad gestiona actualmente 4 hogares socioeducativos, 2 unidades de preparación para la vida independiente y un piso de emancipación donde los jóvenes aprenden a vivir solos antes de cumplir los 20 años. El Gobierno de Cantabria financia estos recursos mediante conciertos que en conjunto ascienden a 2,3 millones de euros anuales, una cifra que Tresgallo describe como “francamente mejorable” dada la complejidad del trabajo y los perfiles profesionales que exige. El Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que suscribe y gestiona estos conciertos, confirma que los centros están sujetos a inspecciones en cualquier momento y que realiza controles sobre el destino de la financiación con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Para sostener todo eso, la fundación emplea actualmente a 120 personas: 60 son educadores sociales, 45 técnicos superiores en integración social, y el resto incluye maestros, psicólogos y personal de servicios domésticos. “El 82% del presupuesto de la Fundación se va en salarios y gastos sociales”, precisa su director. Las cuentas, auditadas externamente por la firma BDR de Santander, están depositadas en el Protectorado de Fundaciones de Cantabria y son de acceso público.

Más allá de los hogares: el modelo de economía social

Lo que menos se conoce de CUIN no es lo que hace con los menores, sino lo que construyó en paralelo para ayudar a quienes salen del sistema sin red. Cuando un chaval cumple 18 años, las medidas de protección desaparecen y, con ellas, los apoyos que hasta ese momento sostenían su vida cotidiana. “El momento en que haces 18 años desaparecen las medidas de protección”, recuerda Tresgallo, que lleva décadas viendo cómo jóvenes que han hecho un esfuerzo enorme por reencauzar su vida se quedan de repente sin nadie.

La respuesta fue crear empresas de inserción laboral, una figura jurídica que la ley reserva exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro y que permite contratar a personas en riesgo de exclusión social durante un periodo máximo de 3 años, acompañándolas mientras adquieren hábitos laborales y mejoran su empleabilidad. La fundación gestiona hoy 2 de las 4 empresas de inserción que existen en toda Cantabria, una comunidad que queda lejos del País Vasco, donde operan 44 de estas entidades.

La primera es PLIS Servicios, gestionada a través de Inserción Brumas SL, una empresa que heredaron de Talleres Juveniles Brumas, una entidad histórica de La Albericia que estaba a punto de desaparecer en 2020. PLIS se dedica al lavado manual y ecológico de vehículos, al suministro de papel higiénico y sanitario, a la recogida de papel y cartón y a la limpieza industrial, con clientes como Ilunion, Etxa o La Global.

La segunda es El Lambión, gestionada a través de Incluye Cantabria SL, un obrador de pastelería, repostería y catering donde trabajan actualmente 12 personas en proceso de inserción. Allí un pastelero profesional y un oficial de primera enseñan el oficio a personas que han pasado por procesos de exclusión: desde beneficiarios de la renta básica hasta mujeres víctimas de violencia de género o jóvenes que han cumplido medidas judiciales. “Aquí el objetivo no es utilizar a las personas para ganar dinero, sino ganar dinero para dar la oportunidad a cuantas más personas mejor”, resume Tresgallo.

Trabajo real, no asistencia

En el obrador se entra a las 6 de la mañana. Puntualidad, responsabilidad, relación con los compañeros y con los jefes: las mismas exigencias que en cualquier empresa del sector. Tresgallo lo explica sin rodeos: “Esta mujer que está aquí abajo es tu jefa, no se te olvide, y te tiene que exigir a tope para que cuando vayas a trabajar fuera no digan que no sabes hacer nada”. El modelo no pretende proteger a nadie de la realidad laboral, sino prepararle para ella.

Cada trabajador tiene un itinerario de inserción sociolaboral individual, diseñado junto a una técnico especializada, que combina el empleo en la empresa con formación complementaria orientada a su salida al mercado ordinario antes de cumplir los 3 años de contrato. Los sueldos se fijan según convenio, en el caso del obrador el de pastelería y repostería de Cantabria, y los beneficios que generan las empresas se reinvierten íntegramente en la propia estructura. “El cien por cien de los beneficios se reinvierten”, afirma Tresgallo, “en maquinaria, en mantenimiento de instalaciones y a veces en la contratación de alguna persona más”. Ambas empresas cerraron el último ejercicio con números positivos, aunque modestos.

El retorno social del modelo, según datos de la federación nacional de empresas de inserción FAEDEI, es de 2,8 euros por cada euro invertido. El 90% de quienes trabajan en estas empresas en Cantabria estaban cobrando la renta básica antes de entrar. Al salir, son contribuyentes.

Un modelo legal que genera confusión

La existencia de sociedades mercantiles vinculadas a una fundación que recibe financiación pública ha generado en los últimos meses cierta confusión en algunos sectores, alimentada en parte por informaciones inexactas que circularon en redes sociales. La realidad registral y legal es más sencilla: las empresas de inserción solo pueden ser constituidas por entidades sin ánimo de lucro, están acreditadas por la Dirección General de Trabajo y sometidas a supervisión periódica. La propia fundación tiene sus cuentas auditadas externamente cada año y depositadas en el Protectorado de Fundaciones de Cantabria, donde cualquier ciudadano puede consultarlas. “En este país la suerte es que todo es transparente”, comenta Tresgallo.

La administración, sin respuesta

Galerna Press preguntó al ICASS si el organismo tenía conocimiento de la existencia de estas dos sociedades, si los pliegos de los conciertos contemplan condiciones sobre el uso de fondos por parte de entidades vinculadas, y si existe algún mecanismo específico de supervisión de esa estructura. El organismo, en respuesta firmada el 6 de mayo por Carmen Arce de la Torre, directora de la entidad, no respondió a ninguna de esas preguntas de forma directa. En su lugar, se limitó a describir el marco legal general que regula los conciertos y a confirmar que realiza controles presupuestarios sobre la financiación transferida, sin aclarar si esos controles alcanzan a las sociedades vinculadas a las entidades concertadas.

El contraste resulta llamativo: mientras la fundación abrió sus puertas, explicó su estructura con detalle y ofreció sus cuentas a quien las pida, la administración que la financia con dinero público prefirió no pronunciarse sobre cómo supervisa el destino de esos fondos más allá de los centros donde viven los menores. 33 años después de que un grupo de personas decidiera que los menores en desamparo de Cantabria merecían algo mejor, CUIN sigue haciendo su trabajo. La pregunta de si alguien vigila de cerca cómo se gestiona ese trabajo queda, por ahora, sin respuesta institucional.