Alguien en la sala confesó, antes de empezar, que nunca había conocido a un fiscal. Ángel de Santiago lo encajó con humor: en Cantabria hay unos treinta, la mitad en Santander, y tampoco sería tan raro cruzarse con uno. Lo que sí es menos habitual es entender qué hace exactamente uno de ellos, y por qué en los juicios de drogas su papel es distinto al de cualquier otro proceso penal.

En los delitos contra la salud pública no hay víctima directa que se persone, no hay acusación particular. El bien jurídico protegido es colectivo —la salud pública— y eso convierte al fiscal en la única parte acusadora. «Al ser un interés y un bien jurídico que no es personal, soy la única parte acusadora». Lo que implica una responsabilidad enorme: «Se sienta en el banquillo quien yo digo que tiene que sentarse en el banquillo», comentó entre risas.

Su papel respecto a los cuerpos policiales también quedó claro desde el principio. «Me gusta decirlo, y además a la Guardia Civil y a la Policía Nacional les gusta que digas eso: somos su voz en los tribunales». El trabajo de campo lo hacen los agentes; el fiscal lo lleva al juzgado. Cantabria tiene fiscal delegado antidroga —algo que no ocurre en todas las comunidades— por una razón geográfica muy concreta: es puerto de mar, lo que convierte la región, entre otras coasas, en una de las vías de salida de la droga que entra por Algeciras hacia el Reino Unido.

«Consumir no es delito. Vender, sí»

Santiago puso orden en algo que sigue generando confusión. «Todos sabéis, y quiero que quede claro, que la posesión de droga y el consumo de drogas no es ilegal. En el ámbito privado es legal. Lo que es ilegal es el comercio de la droga». Quien pasa una papelina de cocaína comete un delito contra la salud pública con pena mínima de tres años. Quien la recibe, solo una infracción administrativa.

Para marcar la frontera entre consumo propio y la venta, el Tribunal Supremo ha fijado umbrales orientativos a partir de los cuales se presume que la droga no es para consumo propio: 50 gramos de marihuana, 5 de cocaína. Pero la posesión sola no basta para acusar. «Acusar a una persona de tráfico de drogas sin aprehensión de droga es complicado», advirtió. «Hay que encontrar algo que vincule a esas personas con el tráfico. Y no vale decir que tiene un chalet muy grande y muy poco dinero para pagarlo».

Donde más les duele: el patrimonio

Santiago fue directo sobre dónde realmente se golpea a los traficantes: «Lo importante y donde les haces más daño a los delincuentes es expoliando su patrimonio». No la cárcel, que además tiene un coste. «¿Sabéis cuánto cuesta un preso? Pues es como tener a un hijo en colegio mayor», bromeó. Unos 38.000 o 40.000 euros al año. Y, aun así, las cárceles están llenas, matizó.

Puso el ejemplo de una condena reciente por blanqueo de capitales: un camello con una posición social superior a la media que había comprado un piso simulando préstamos de familiares. La novia «fue la que lo cantó». Hacienda rastreó los movimientos y al encontrar que el acusado había devuelto las cantidades prestadas, el inmueble fue requisado. Los bienes decomisados pasan a la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que los gestiona y vende. Santiago la describió con gracia: «Es como una inmobiliaria, porque en la página web tienen pisos, coches, barcos y hasta un submarino. Tienen de todo».

Micófonos, balizas y la furgoneta sonorizada

La experiencia acumulada de los fiscales ha impulsado reformas legislativas concretas. Cada año presentan una memoria con propuestas, y muchas herramientas de investigación —micrófonos en vehículos, balizas GPS, medidas para registrar barcos— se han ido regulando a partir de esa experiencia. La intervención telefónica, apuntó, ha perdido eficacia: los traficantes saben que los escuchan y cambian de teléfono constantemente.

La anécdota más celebrada fue la de la furgoneta sonorizada. Un sospechoso que usaba su empresa de mensajería para distribuir droga insistió en declarar en el juicio, convencido de que no había pruebas: solo le habían encontrado «una máquina de contar dinero, que no es algo que tengamos nadie en casa, las cosas como son». Santiago le preguntó en sala: «Cuando en El Corte Inglés, el 4 de abril, estaba usted aparcado en la furgoneta, que por cierto la tenemos sonorizada, usted decía que esta es buena para la nariz. ¿A qué se refiere?».

También habló del petaqueo: el suministro de gasolina a narcolanchas en alta mar, hasta hace poco impune porque llevar bidones a otro barco en aguas internacionales es, en sí mismo, una actividad legal. Sus colegas andaluzas —a las que llama «las petroleras», por la película de Sergio Leone con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale— han impulsado una reforma para tipificarlo. «Todavía no está», aclaró, «pero ese suministrar gasolina a las lanchas que luego traen los fardos de la droga a las costas es algo que ha pasado a ser delito gracias a la experiencia de los fiscales».

«Miedo, sí, pero no a los traficantes»

Era la pregunta que flotaba en el ambiente. Santiago la respondió sin dramatismo. Sus primeros veinte años de fiscal los pasó en Navarra, en plena época del terrorismo de ETA, y eso, dijo, «te curte». Hoy no lleva escolta. Sí tiene la cuenta bancaria protegida —nadie puede hacerle ingresos desde fuera— como medida preventiva ante posibles intentos de soborno u otras trampas. «No tengo miedo, de hecho, no tengo escolta. Solamente la tuve en Navarra unos años por el tema del terrorismo».

Pese a no tener miedo, Santiago reconoció haber tenido algún que otro momento incómodo. Una persona a la que ha acusado varias veces le aborda de vez en cuando por la calle. La última vez se lo encontró caminándole detrás y hablando solo: «Porque yo ya no creo en la justicia». Santiago le respondió: «No, yo tampoco, yo tampoco». Y se subió al primer autobús que pasó.

Cannabis, fentanilo y la voluntad del Estado

El cannabis fue uno de los temas que más debate generó. Santiago fue cuidadoso con los matices: el código penal lo clasifica como droga de no grave daño a la salud —pena mínima de un año por tráfico, frente a los tres de la cocaína—, pero eso no significa que sea inocuo. «Las bondades del cannabis no son tales», advirtió. «En Estados Unidos hay una generación que se ha quedado absolutamente pirada con la edad, a consecuencia del consumo masificado y desproporcionado de cannabis». El riesgo, explicó, es que la adicción puede conllevar enfermedades mentales: «el problema es que nunca es uno». 

El fentanilo, otra droga que se mencionó durante la charla, preocupa especialmente en la judicatura. Clasificado como droga de grave daño a la salud en el Convenio de Viena de 1961, es barato y de fácil acceso. Un problema que, advirtió, ya ha llegado a España.

Sobre la voluntad del Estado para acabar con el narcotráfico, fue explícito: «El Estado tiene voluntad de acabar con el narcotráfico, por supuesto que sí. Y quiere incluso ponerse la medalla de haber acabado con el narcotráfico». El problema, añadió, es que los recursos no siempre acompañan. Él mismo, cuando le pidieron que listara sus necesidades, respondió de manera irónica que necesitaba una toga nueva —la suya tiene cuarenta años—. Le dijeron que se la comprara él. «Y digo yo: no, ya para lo que queda…»

Santiago cerró agradeciendo que nadie le hubiera hecho «ninguna pregunta comprometida». Alguien del público le respondió que esas vendrían con la pizza. «Ya huelo la pizza», dijo él. Y así terminó el primer Thinkglao del año 2026, o, al menos, la parte que se puede contar.