Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la inmigración forma parte de la estructura demográfica actual de España. Con una población de más de 49 millones de habitantes, el 14,1% cuenta con nacionalidad extranjera y el 19,3% ha nacido fuera del país, lo que evidencia que se trata de un fenómeno estable y sostenido en el tiempo. Su concentración en grandes áreas urbanas como Madrid y Barcelona, así como su predominio en edades activas, responde en gran medida a dinámicas laborales y económicas.

Desde el punto de vista del mercado de trabajo, la población inmigrante tiene una presencia significativa en sectores con alta demanda de mano de obra y condiciones laborales exigentes. En la actualidad, los trabajadores extranjeros representan el 12,9% del total de ocupados en España, con una especial concentración en el empleo doméstico (42,3%), los servicios y organizaciones (27,6%), la hostelería (25,8%), el sector agrario (25,7%) y la construcción (18,9%). Su incorporación al mercado laboral ha estado estrechamente ligada a las distintas etapas del ciclo económico, con flujos más intensos en periodos de crecimiento y una reducción en contextos de crisis, lo que refuerza su vinculación a las necesidades productivas del país.

No obstante, detrás de los datos y los debates públicos sobre inmigración existen historias personales marcadas por la incertidumbre, la adaptación y la búsqueda de una vida digna. Para conocer cómo se desarrolla el proceso de acogida e integración desde el ámbito social, resulta relevante atender a la experiencia de quienes trabajan directamente con personas migrantes.

Desde Galerna Press nos hemos puesto en contacto con María Asunción Buil, coordinadora de Protección Internacional en la asociación Nueva Vida, una entidad que trabaja con personas solicitantes de asilo en Cantabria y en Euskadi. A partir de su experiencia profesional, identifica el choque cultural como uno de los principales retos a los que se enfrentan quienes llegan a España.

“Las personas llegan desde realidades muy distintas y, en muchos casos, con expectativas que no se ajustan a la realidad española. Existe un desajuste entre lo que imaginan y lo que después encuentran. No es lo mismo venir de Latinoamérica que de países de Asia o de Siria; la adaptación cuesta mucho”

Este proceso de adaptación no se limita a aprender un idioma o a comprender nuevas normas sociales. En muchos casos, las personas migrantes arrastran situaciones de vulnerabilidad previas que dificultan su integración. La falta de formación, el analfabetismo o el desconocimiento del sistema administrativo español se convierten en barreras añadidas, especialmente en el acceso al empleo y a la vivienda.

“Muchas personas creen que podrán trabajar con facilidad, pero el gran problema es el acceso a la vivienda. En general, Vizcaya ofrece mejores condiciones: es más fácil acceder a la Renta de Garantía de Ingresos y las cuantías son mayores, lo que hace que a la gente le cueste menos acceder al trabajo. También es más sencillo encontrar vivienda que en Cantabria, sobre todo vivienda social”

La vivienda, según la coordinadora, es uno de los factores que más condiciona la integración. Sin un lugar estable donde vivir, resulta muy difícil avanzar en otros ámbitos como el empleo, la formación o la regularización administrativa.

Más allá de cubrir necesidades básicas, Buil insiste en que el acompañamiento social y emocional es un elemento clave en el proceso de acogida. La labor de las entidades sociales va mucho más allá de ofrecer alojamiento o ayudas puntuales.

“Además del alojamiento y las necesidades básicas, es fundamental el acompañamiento que se realiza desde un equipo multidisciplinar: jurídico, social y de integración. Se les acompaña en su adaptación, hay trabajadores sociales e integradores que les ayudan a entender cómo funciona el sistema español, tanto a nivel cultural como administrativo”

Este apoyo continuo permite a las personas migrantes ganar autonomía y seguridad en un entorno completamente nuevo. Sin embargo, la integración no depende únicamente de los recursos disponibles, sino también de la actitud de la sociedad de acogida.

En este sentido, Buil destaca que la percepción social juega un papel determinante:

“La gente tiene miedo a lo desconocido, a cómo puede afectar la llegada de personas migrantes a su entorno. Pero cuando ven cómo se adaptan y se integran, esa percepción cambia”

Aun así, reconoce que, aunque existe una voluntad social de acogida, los recursos institucionales no siempre son suficientes:

“España está preparada en cuanto a voluntad social, pero los recursos y el acompañamiento institucional no siempre están a la altura de las necesidades reales”.