2026 ya está aquí. Año nuevo, vida nueva, y Santander no es una excepción. Como estaba previsto, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital cántabra ha entrado en vigor el 1 de enero, aunque su aplicación se realizará de forma progresiva hasta el próximo 28 de febrero. Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de un “periodo de adaptación” de 59 días; es decir, las infracciones ya se pueden registrar, pero las multas no llegarán hasta marzo.

El nuevo marco regulador restringe el acceso exclusivamente a los vehículos sin distintivo ambiental (etiqueta A), quedando fuera de la aplicación de la medida, en esta fase inicial, los turismos con etiquetas 0, ECO, C y B. Según lo establecido en el artículo 76.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el acceso no autorizado se considera una infracción grave, sancionable con una multa de 200 euros.

Una ordenanza que se controla mediante un sistema de videovigilancia compuesto por 22 cámaras —11 en los accesos de entrada y 11 en los de salida—. Para su implementación, Ayuntamiento adjudicó este sistema a la empresa Estacionamientos y Servicios S.L. por 1,6 millones de euros. Así, la plataforma se conecta con los sistemas municipales, transmite las lecturas de las cámaras al Centro de Proceso de Datos (CPD) municipal y permite verificar qué vehículos cumplen las condiciones establecidas y cuáles no.

El régimen de restricciones no se aplicará a los taxis, a los vehículos de servicios ni a quienes accedan a alguno de los dos aparcamientos públicos situados dentro del área. Tampoco se aplicarán sanciones a motocicletas ni a vehículos de personas con discapacidad, al igual que ocurre con los residentes del entorno, quienes desarrollan su actividad laboral en la zona y los propietarios de plazas de garaje, que contarán con dos autorizaciones. Cabe destacar que las limitaciones de acceso estarán vigentes de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 19:00 horas.

Geográficamente, la regulación, enmarcada en un proyecto con un presupuesto de 2.325.926,26 euros, se limita a un área concreta del Ensanche, con un perímetro aproximado de 2,5 kilómetros y una superficie de unos 200.000 metros cuadrados, lo que representa el 0,6 % del término municipal.

El perímetro exterior queda delimitado por Paseo de Pereda, calle Calvo Sotelo, calle Lealtad, calle Rualasal, calle San José, calle Sevilla, calle Guevara, calle Santa Lucía, Paseo Menéndez Pelayo, calle del Sol, calle San Emeterio y calle Casimiro Sainz.

Gema Igual: “Vehículos de más de 20 años, no residentes, en un perímetro de 2,5 km del Ensanche”

Así, durante este periodo de adaptación, el Ayuntamiento centrará sus actuaciones en la señalización del área y en la información a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la ZBE, con el objetivo de facilitar la adaptación a las nuevas condiciones de circulación. En esta fase inicial no está previsto sancionar de forma inmediata a los vehículos que incumplan la normativa.

No obstante, el Ayuntamiento, bajo la supervisión del concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, advierte que las infracciones detectadas durante este periodo de aprendizaje podrían ser tramitadas administrativamente y derivar en sanciones una vez concluya el periodo de adaptación, según el desarrollo de los procedimientos correspondientes.

Este periodo de adaptación no supone «perdonar» la multa a los infractores ya que, aunque la ZBE en Santander es nueva, «a nadie le puede pillar por sorpresa»

Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, quiso dejar claro en la presentación ante los medios que «Santander no es una ciudad contaminada», salvo en episodios muy puntuales. No obstante, recordó que la implantación de la ZBE responde a una obligación derivada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático para ciudades de más de 50.000 habitantes, cuyo incumplimiento podría suponer la pérdida de ayudas al transporte urbano y de fondos europeos destinados a actuaciones de movilidad sostenible.

¿Brecha económica?

La decisión ya ha abierto un debate creciente entre una ciudadanía que, eso sí, aún navega en el desconocimiento sobre el alcance y las consecuencias de esta nueva normativa. El principal temor es que una medida pensada para proteger el medio ambiente termine provocando un nuevo problema: una brecha económica. No es una preocupación abstracta. Los coches sin etiqueta ambiental suelen ser más antiguos y más baratos, y por ello están mayoritariamente en manos de personas con menor poder adquisitivo. “Yo solo puedo permitirme un coche antiguo, ¿qué hago ahora?”, se pregunta un joven afectado, poniendo voz a una inquietud compartida por muchos.

De igual manera, cuando entramos a preguntar en establecimientos locales en sus frases dejan entrever cierto repudio: “Esto va a afectar al comercio de la zona, la gente va a dejar de venir por miedo a las multas y acabará yéndose a El Corte Inglés o a Valle Real”.

Opiniones encontradas

De regreso al plano estrictamente ambiental, la Asamblea Ciudadana Santander Saludable ya calificó, incluso antes de su implantación, la ZBE como un “fraude”, al considerar que no resuelve en absoluto el problema de la contaminación en Santander. Tras su puesta en marcha, la Asamblea mantiene su crítica y se pregunta: “¿No han tenido tiempo de ajustar todo a la entrada en vigor, con un retraso de tres años? A 1 de enero de 2026, las ‘chapucillas’ siguen”.

En la misma línea, la oposición municipal también rechaza la implantación de la ZBE, aunque con matices: algunos cuestionan la propia esencia de esta medida y otros critican la forma en que ha sido diseñada e implantada por el Ayuntamiento de Santander.

Así, Felipe Piña, candidato del Partido Regionalista Cántabro en la capital, la califica como “la ZBE fake de Gema”. Por su parte, Daniel Fernández, del Partido Socialista, reclama una Zona de Bajas Emisiones realmente útil y denuncia que “el proyecto del PP excluye las zonas más contaminadas de la ciudad y carece de rigor técnico y social”. Más contundente se muestra Leticia Díaz, candidata de VOX, que apuesta por la “oposición total y la derogación” de la medida, a la que tacha de suponer “más impuestos y menos libertad”.