El Gobierno de España ha presentado el nuevo Plan España Auto 2030, una estrategia industrial y de movilidad que pretende convertir al vehículo eléctrico en un producto nacional accesible, reforzar la infraestructura de recarga y consolidar a España como potencia productiva en la transición del automóvil. El presidente Pedro Sánchez defendió que el objetivo es fabricar en el país coches eléctricos “tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos como para que los españoles se los puedan permitir”. Según el Ejecutivo, se trata de un “plan de país” destinado a garantizar el empleo, la reindustrialización y la lucha contra el cambio climático.

La medida más destacada es Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 para incentivar la compra de vehículos eléctricos y electrificados. La principal novedad no es el importe, sino el método de aplicación: la ayuda será un descuento directo en el concesionario, evitando el sistema actual en el que la subvención llega meses o años después de la compra a través del programa Moves III.

El Gobierno sostiene que la medida permitirá acceder a vehículos eléctricos por debajo de los 25.000 euros, especialmente para “clases media y trabajadora”. Además, defiende que el coste total durante la vida útil del eléctrico puede ser hasta un 40% inferior al de un vehículo de combustión, gracias a ahorro en mantenimiento, incentivos fiscales y coste energético.

De momento, el Ejecutivo no ha detallado la cuantía de la ayuda, qué modelos ni rangos de precios podrán acogerse. Tampoco ha anunciado incentivos para el mercado de ocasión, clave en el acceso de gran parte de los ciudadanos a un vehículo. Estos elementos se definirán en próximas semanas, según el Ministerio de Industria.

El segundo eje del plan se centra en la infraestructura. El Gobierno afirma que en España ya hay más de 40.000 puntos de recarga, pero reconoce que son insuficientes y, en muchos casos, de baja potencia o con despliegue desigual. Para cubrir esas “zonas sombra” nacerá Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros, destinado a desplegar nuevos puntos de recarga junto a una reducción significativa de licencias y plazos administrativos.

El tercer y último eje apunta a asegurar que España no sea únicamente una fábrica de ensamblaje, sino un país que genere alto valor añadido. Se reforzará el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) con una dotación adicional de 580 millones de euros en 2026, con el objetivo de impulsar gigafactorías, proyectos de baterías, reciclaje industrial y capacidades tecnológicas (software, electrónica y economía circular).

El documento oficial del plan —elaborado por el Ministerio de Industria, ANFAC y SERNAUTO— destaca que España es actualmente el segundo fabricante de vehículos en Europa y noveno del mundo, con 2,4 millones de unidades producidas en 2024 y el 85% exportado. También advierte que el país necesita aumentar su posición en baterías y componentes eléctricos para asegurar empleo y competitividad a largo plazo.

Promesas claras, lagunas pendientes

Pese a la ambición del Plan España Auto 2030, su alcance presenta dudas relevantes cuando baja al terreno práctico. Una de ellas es el impacto real sobre el consumidor. Aunque las ayudas del Plan Auto+ se aplicarán de forma inmediata en el concesionario, todavía no están claros los criterios: qué vehículos, qué rangos de precio y qué condiciones de renta permitirán acceder al descuento. La medida nace como respuesta a los retrasos históricos del Moves III, pero aún no se conocen los detalles esenciales.

La principal novedad —la ayuda directa en el concesionario— es positiva en términos de rapidez, pero sigue sin contar con una definición transparente de criterios. No se conocen aún los rangos de precio, condiciones de renta o límites tecnológicos que marcarán qué modelos podrán beneficiarse. Tampoco se ha aclarado el procedimiento legal por el cual el Estado asumirá la gestión directa de los incentivos, hasta ahora en manos autonómicas. Su puesta en marcha dependerá de cómo se resuelva ese vacío normativo.

Junto a esta falta de claridad, el plan se centra únicamente en el vehículo electrificado de nueva matriculación. Quedan fuera opciones intermedias que hoy forman parte de la movilidad mayoritaria de los españoles: híbridos no enchufables, coches con etiqueta ECO (GLP, GNC, GNL y los gasolina más eficientes) o incluso vehículos admitidos, pero de ocasión (segunda mano con menos de 2 años y pocos kilómetros), herramientas necesarias para que la transición no dependa exclusivamente del nivel adquisitivo. 

Otra crítica es la falta de referencias sobre si habrá incentivos a combustibles con mayor porcentaje renovable o a mejoras ambientales en tecnologías ya existentes (motores más eficientes, filtros, etc.), pese a que estas vías podrían ofrecer una reducción inmediata y masiva de emisiones mientras avanza la transición eléctrica. 

En conclusión, el Plan España Auto 2030 ofrece certezas necesarias: un marco estable, ayudas más rápidas, una apuesta industrial clara y una agenda común. Sin embargo, esas certezas conviven con dudas que no pueden ignorarse: cómo se ejecutará la ayuda directa, quién podrá acceder realmente a ella y qué papel jugará el parque actual en la reducción de emisiones.