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Crisis en los rallyes españoles tras la suspensión de Ordóñez: “No conozco ningún caso en el que se haya retirado una licencia por una irregularidad técnica”

Carlos Márquez denuncia arbitrariedad, desproporción y mala fe en el procedimiento que deja fuera al piloto asturiano del nacional de rallies
Alberto Ordoñez con el C3 Rally 2 en el Rallye Mudéjar Ciudad de Teruel. Fuente: CERA Recalvi

La decisión del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) de sancionar con cuatro meses de retirada de licencia al piloto asturiano Alberto Ordóñez ha generado una fuerte reacción en el automovilismo nacional y ha intensificado el conflicto institucional entre la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA) y la propia RFEDA. Carlos Márquez, presidente de la FAPA, entrevistado por este medio, considera que la sanción es «desproporcionada» y que responde a una voluntad de «desprestigio» hacia su persona, en un contexto de tensiones acumuladas por el modelo de licencias, el sistema de cronometraje y la gestión interna de la federación nacional.

La suspensión de licencia a Ordóñez se produce tras detectarse un leve exceso de octanaje en los análisis de combustible realizados en dos pruebas del Supercampeonato de España de Rallies de 2023: el Rally Princesa de Asturias y el Rally Villa de Llanes. El piloto fue excluido de ambas competiciones, una medida que tanto él como la FAPA asumieron como justa. «Acepté la exclusión porque la gasolina estaba fuera del límite. No quise dar más explicaciones ni crear polémica», declaró Ordóñez en una entrevista en Rallycast. No obstante, la posterior decisión de la RFEDA de imponerle una retirada de licencia por cuatro meses (dos por cada infracción) ha sido ampliamente cuestionada.

Cabe destacar que la primera notificación se produjo el viernes del Rally de Llanes y la segunda el viernes del Rally de La Vendimia, sin margen para aplicar correcciones al estar ya en competición. Tras recibir la primera comunicación, el equipo de Ordóñez sustituyó las esponjas del depósito de gasolina, responsables de la contaminación detectada, ya que habían absorbido restos del combustible habitual en el campeonato regional. Gracias a ello, no se registró una tercera infracción.

En vísperas de iniciar la temporada 2025 con el equipo Citroën, Ordóñez fue informado —más de seis meses después de los hechos sancionados— de la retirada inmediata de su licencia. Aunque disponía de un plazo de 15 días para recurrir, la sanción se aplicó de forma automática. «Se me retiró la licencia sin esperar el plazo legal de recurso. Presentamos una cautelar y la denegaron el mismo día del rally», explicó.

El martes siguiente, al comprobar que no podría competir mientras se resolvía el recurso, el equipo contrató a un abogado especializado en derecho deportivo para presentar una solicitud de medidas cautelares. Esta fue desestimada por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), al considerar que el perjuicio económico no justificaba la suspensión. Márquez, por su parte, atribuye las carencias del recurso a la falta de tiempo: “Hay que pensar que esto se hizo todo a la carrera porque nadie nos permitió hacerlo con unos márgenes y unos tiempos prudentes”, afirmó.

Una sanción sin precedentes

«No conozco ningún caso en el que se haya retirado una licencia por una irregularidad técnica», sostiene Márquez. «La retirada de licencia se reserva para faltas disciplinarias, no para cuestiones técnicas que, además, fueron asumidas, explicadas y corregidas por el equipo». Subraya que el combustible era homologado y que la infracción se debió a una leve contaminación sin ventaja competitiva real.

El presidente de la FAPA considera que la sanción es desmedida en comparación con otros casos. Recuerda lo ocurrido con Toyota en el Rally de Catalunya de 1995, cuando el equipo fue excluido por una modificación ilegal en la brida del turbo, pero los pilotos no fueron sancionados individualmente. Más recientemente, en el Rally de Ourense, el equipo Toyota España recibió dos minutos de penalización —uno por cada neumático utilizado de más—. Por el primer minuto perdió una posición; el segundo no tuvo impacto en la clasificación. “Hay una diferente vara de medir. Creo que es más grave lo de los dos neumáticos de más que 0,8 octanos en la gasolina”, concluye.

Cabe destacar que, tanto el comunicado aclaratorio de la federación como el propio Márquez, subrayan que se trata de dos sanciones independientes de dos meses cada una, y no de una única sanción de cuatro meses por reiteración, por lo que —insisten— este argumento no puede emplearse para justificar la severidad de la medida.

Por su parte, Ordóñez advierte que esta situación podría marcar su salida del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA): «Yo no vivo de esto. Es mi hobby. Pero si esto llega en noviembre, igual no me meto en este lío con una marca oficial. Me parece todo muy mal gestionado», afirma. Mientras tanto, ha seguido compitiendo en el campeonato asturiano, donde su licencia sigue vigente.

El contexto institucional: licencias, escuderías y tensiones políticas

Este asunto se suma a la polémica por la expedición de licencias. El sistema cambió en 2021, pero fue en 2023 cuando entró en vigor la nueva Ley del Deporte. Durante varios meses, la RFEDA se negó a reconocer la licencia autonómica que amparaba el artículo 49.2 de la nueva legislación. Posteriormente la aceptó, pero imponiendo unos precios de habilitación que la FAPA considera desproporcionados. En consecuencia, los asturianos crearon una escudería con licencia nacional para que los pilotos asturianos pudieran competir a nivel estatal sin que sus escuderías asumieran ese sobrecoste, unos 570 euros por licencia, junto a otras medidas como subvencionar las habilitaciones de los oficiales.

Carlos Márquez defiende esta decisión como una solución colectiva y solidaria. “La usa todo aquel piloto que la necesite. La usó Ordóñez, pero también Pepe Álvarez, Adrián Blanco, chavales del autocross, del karting… todo aquel federado FAPA que la pidió”. Apunta también que otras federaciones, como la andaluza o la valenciana, emplearon fórmulas similares, aunque la presión —dice— se centró especialmente en Asturias: “La RFEDA no tolera que alguien se salga del guión”.

Pepe Álvarez con el Hyundai i20 en el Rallye Villa de Llanes 2024. Fuente: Supercampeoanto de España de Rallyes

Según Ordóñez, su pertenencia a esa escudería pudo influir en su sanción. «Coincidió que soy parte de esa escudería y creo que eso también puede ayudar mucho. No quiero entrar en guerras, pero puede ser», declaró.

La controversia vivió un giro clave con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 20 de marzo. El tribunal estimó el recurso presentado por varias federaciones territoriales —entre ellas la FAPA— y anuló el acuerdo de la Asamblea General de la RFEDA de diciembre de 2021, que establecía las cuotas de participación. Según el fallo, no existía en la normativa vigente ninguna obligación legal que amparase el cobro de una “cuota territorial”.

Márquez celebró la resolución judicial con contundencia: “Yo de esos dos años que ahora el juez me da la razón, he pagado más de 100.000 euros”. Calcula que la RFEDA debería devolver más de dos millones de euros al conjunto de federaciones afectadas. Añade que también debería reintegrarse lo cobrado por el presidente de la RFEDA, Manuel Aviñó, como plus vinculado a esa recaudación.

La federación nacional ha anunciado que recurrirá la sentencia y subraya que “no es firme” y que sus efectos están aún por determinar. Márquez, sin embargo, insiste en que se ha demostrado lo que llevaban tiempo denunciando: “Nos lo cobraron sabiendo que no se podía. El CSD y el TAD no nos escucharon, hasta que la justicia ordinaria nos ha dado la razón”.

Márquez, también inhabilitado

A estas dos polémicas se suma una tercera: la inhabilitación del propio Carlos Márquez. Poco después de ser reelegido al frente de la FAPA, fue sancionado por la RFEDA con seis meses de inhabilitación y una multa de 2.000 euros. El motivo: publicaciones en redes sociales difundidas durante la campaña electoral en la que aspiraba a presidir la RFEDA, en las que supuestamente se vertían comentarios de descrédito hacia miembros de la federación.

Márquez niega toda responsabilidad. “El comité me sanciona a mí por algo que publicó una empresa de comunicación. No escribí ni un punto ni una coma”, asegura. Explica que contrató una agencia para gestionar la campaña y que él no participó en el contenido publicado.

Considera que la sanción tiene una motivación política: “No me inhabilitan por lo que digo en redes, me inhabilitan porque soy incómodo. Porque estoy defendiendo a los míos. Porque no les bailo el agua”. Además, denuncia que el procedimiento fue irregular: “Ni siquiera me pidieron alegaciones. No hubo posibilidad de defensa antes de dictar la sanción”.

Aunque la sanción no le impide seguir como presidente de la FAPA —cargo electo a nivel autonómico—, sí le impide participar en la organización de pruebas estatales. También rechaza la legalidad de la multa económica impuesta: “En Asturias, por ley, el presidente de una federación no puede cobrar sueldo. No soy profesional. ¿Cómo van a imponerme una sanción económica si no tengo relación laboral?”.

Márquez ha recurrido y asegura que llegará “hasta el final” para demostrar que el procedimiento fue arbitrario. “Aquí no se puede discrepar. Si te sales del camino, te intentan apartar”, resume.

Estos tres casos —la sanción a Ordóñez, el conflicto por las licencias y la inhabilitación de Márquez— dibujan un inicio de temporada especialmente convulso. La FAPA ha roto relaciones institucionales con la RFEDA y ambas partes aguardan resoluciones judiciales clave.

A ello se suma una posible cuarta vía: la denuncia por prevaricación que Alberto Ordóñez ha anunciado contra quienes firmaron su sanción. “Si alguien tiene que pagar esto, que sea quien lo firmó, no la federación que pagamos todos”, afirma. “Lo único que quiero es correr. No quiero indemnizaciones ni compensaciones. Pero si al final me dan la razón, alguien tendrá que asumir responsabilidades. No se puede tratar así a un deportista que ha hecho todo bien desde el principio”.

Por ahora, todo queda pendiente de lo que dictaminen los tribunales. Pero el conflicto ya está completamente desatado. Mientras tanto, Ordóñez ha optado por no venirse abajo: recogió a toda prisa la asistencia en Cataluña y trasladó el equipo a Llanera, donde el mismo sábado se disputaba la segunda cita del regional asturiano de rallysprint, y en la que finalmente pudo competir, dejando claro que, por encima de todo, lo suyo es disfrutar de su pasión.

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Alberto Ordoñez con el C3 Rally 2 en el Rallye Mudéjar Ciudad de Teruel. Fuente: CERA Recalvi